El “delito” de aborto: persecución a las mujeres

La semana pasada se publicó el informe “La criminalización del aborto en Colombia” con cifras impactantes sobre la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas criminalizadas por ejercer lo que la Corte Constitucional ha reiterado una y otra vez como un derecho: interrumpir voluntariamente un embarazo.

El informe también muestra que se persigue más el aborto consentido que el no consentido: “La persecución se concentra en casos de aborto consentido en los que la denuncia provino de personal médico, como enfermeras, médicos, directores de hospitales, entre otros (incluso se estima que el 56,72 % de estos casos terminan en condenas), y en una baja proporción se investigan los abortos no consentidos, a pesar de que las mujeres identifican plenamente a sus agresores y de que la pena es más alta. Muestra que las más vulnerables a la criminalización son niñas y adolescentes: “Las menores de edad son una parte importante de la población de indiciadas en el caso del aborto consentido (representan el 12,5 % de los casos) y son sancionadas con mayor frecuencia que las adultas, pues se calcula que aproximadamente el 25 % de las mujeres condenadas son menores de edad”.

El informe hace también un hallazgo muy preocupante: “Que las condenas para el delito de aborto consentido representan un 7,6 % de los casos, mientras que para el total del sistema las condenas corresponden a un 4 %, y para los delitos de violencia intrafamiliar y de acceso carnal violento representan un 1,14 % y 3,38 %, respectivamente”. Como si esto fuera poco, se estima que al menos un 30 % de las mujeres y niñas criminalizadas están vinculadas a otro proceso en Fiscalía, pero como víctimas de violencia sexual o intrafamiliar.

Estos datos exigen preguntarnos para qué y para quién es este delito. Claramente no está sirviendo para castigar a las personas que obligan a mujeres y niñas a abortar, sólo sirve para sembrar terror entre el personal de salud, para estigmatizar a los prestadores de servicio que se atreven a ayudar a las mujeres y niñas que lo necesitan, y para criminalizar a niñas y adolescentes de zonas rurales. Ana Cristina González, cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera del movimiento Causa Justa, dijo en el lanzamiento del informe que “el delito está pensado para castigar a las mujeres que rehúsan la maternidad como destino y por eso se castiga cuando es con su voluntad”. Esta es la gran conclusión a la que nos llevan estos datos. La abogada María Camila Correa lo explicó también en su columna en El Tiempo: “A través de la penalización del aborto se está imponiendo un modelo de mujer ‘correcto’ (corrección basada en los estereotipos) porque se penaliza a aquella mujer que no se enmarca en ese modelo, lo que contribuye a reforzar la situación de subordinación e inferioridad en la que se han encontrado las mujeres con respecto a los hombres. En últimas, la penalización del aborto busca jerarquizar a las mujeres”.

En estos momentos la Corte Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad al delito de aborto, que busca sacarlo de Código Penal, y los datos de este informe nos muestran las vidas de quiénes están en juego. Con su fallo, la Corte podría evitar que se criminalicen 400 mujeres, adolescentes y niñas al año por ejercer lo que el mismo tribunal reconoce como un derecho. Por coherencia y por compromiso con las vidas de las colombianas más vulnerables, esperamos que falle a favor. Es hora de que por fin se reconozca nuestra ciudadanía plena.