Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La semana pasada, la Corte Suprema de los EE. UU. escuchó los argumentos orales del caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la amenaza más grande que ha tenido el derecho a decidir en EE. UU. desde que se legalizó el aborto en 1973 con la sentencia Roe v. Wade.
El caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization se centra en una ley que pasó el estado de Mississippi en 2018, que prohíbe la interrupción de los embarazos después de las 15 semanas, salvo en “emergencias médicas o severa anomalía fetal”. La sentencia Roe v. Wade estipula que ningún estado puede prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, es decir, la posibilidad de que el feto sobreviva por fuera del cuerpo de la mujer, que suele estar estipulada entre las semanas 23 y 24. En esa medida, la ley de Mississippi tendría que ser derogada, pero la pregunta que se estudia en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization es si todas las leyes que prohíban abortos voluntarios antes de la viabilidad fetal son inconstitucionales. Si la respuesta, en el fallo que vendrá a mediados del próximo año, es “no”, entonces Roe v. Wade quedaría casi inoperante.
Esto tiene más implicaciones. La Corte Suprema de los EE. UU. es famosa por acogerse a las sentencias precedentes. Desde que la Corte se fundó en 1789 sólo ha derogado sus precedentes 145 veces. Roe v. Wade es considerado un “súper precedente” porque la Corte ha reafirmado el derecho a decidir una y otra vez. Sin embargo, y gracias a que Trump pudo elegir a tres de las actuales magistradas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh (acusado por abuso sexual) y Amy Coney Barrett (abiertamente antiderechos), la Corte hoy tiene una mayoría conservadora (seis contra tres).
Esto es clave, porque durante años los antiderechos han tratado de corroer los derechos ganados con Roe v. Wade, por ejemplo, pasando leyes con requerimientos excesivos para las clínicas que prestaban servicios en derechos sexuales y reproductivos. De esa manera no prohibían el aborto, pero lo hacían casi que imposible en la práctica. La estrategia de torpedear la implementación es un clásico de los antiderechos. Pero ahora, con una mayoría conservadora en la Corte, los ataques a la sentencia se han hecho más descarados, y el mejor ejemplo es Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization porque el cuestionamiento que hace a Roe v. Wade sobre la viabilidad fetal es medular, y no apunta a restringir la sentencia sino a derogarla. Y si esto sucede, el acceso al derecho a decidir dependerá enteramente del marco legal de cada estado.
Según una encuesta realizada este año por el Washington Post y ABC News, el 60 % de las personas que contestaron quieren que se mantenga la sentencia Roe v. Wade, el 58 % se oponen a las leyes restrictivas para acceder al derecho al aborto y el 75 % cree que la decisión de abortar debe ser algo privado entre cada mujer o persona con capacidad gestante y su médico o médica. Según una encuesta de Gallup, el 58 % de las personas encuestadas también dice que quieren que se mantenga la sentencia. Esta actitud de la ciudadanía es algo esperado después de décadas de haber tenido el privilegio de acceder a abortos legales y seguros, y ojalá esa ciudadanía se active cuando llegue el momento de defender el derecho de las mujeres a decidir. Cuando de derechos humanos se trata, estas conquistas se pueden perder en cualquier momento. Por eso es que el activismo, más que una carrera de velocidad, es de resistencia y de largo aliento.
