Hace poco fue nombrado director general de la Policía el mayor general Henry Armando Sanabria, conocido en redes sociales por sus comentarios antiderechos que incluyen decir que el aborto es “una abominación, no es ningún derecho”, “con cada aborto se libera un #demonio. El mayor #éxito de #satanás”, “#Dios, piedad y misericordia de los que promueven el #aborto, el #homosexualismo, la #eutanasia y el consumo de #drogas”. Sanabria es reiterativo en sus condenas al derecho a decidir, el consumo de drogas, la comunidad LGBTIQ+.
Estas opiniones no pueden ser sino preocupantes en un funcionario público que liderara una organización que históricamente ha sido violenta de forma sistemática con las personas LGBTIQ+, particularmente con las personas trans; que criminaliza (y a veces también extorsiona) a consumidores de drogas mientras se mantiene ineficiente frente al tráfico, y que también persigue a las personas que abortan legal y voluntariamente en Colombia.
Otra cosa sería si Sanabria hubiese dado indicios de entender que Colombia es un Estado laico y que estas opiniones son totalmente irrelevantes y no deben ser tomadas en cuenta cuando se trata de aplicar la ley. Pero Sanabria ha sido visto uniéndose a protestas antiderechos que acosan a prestadores de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Hay fotos que lo muestran arrodillado y rezando, en octubre de 2015 en Bogotá, en una de las protestas conocidas como “40 días por la vida”, en las que grupos antiderechos acampan de forma permanente durante más de un mes frente a clínicas donde se puede abortar legalmente, hostigando a las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias que abortan, y persiguiendo al personal médico y administrativo de las clínicas. Sus agresiones no son contra paredes o cajeros automáticos, son contra personas que tienen derecho a trabajar y a decidir sobre sus cuerpos.
Estas no son protestas inocentes, porque activamente entorpecen el acceso a varios derechos fundamentales: salud, libre desarrollo de la personalidad y hasta la vida. Históricamente la policía ha tomado una actitud agresiva frente a la mayoría de las protestas sociales; sin embargo, en el caso específico de las protestas antiderechos, en vez de reprimirlas, se suman. En realidad la policía no debería ni reprimir ni sumarse a una protesta, está para garantizar que todas las personas, dentro y fuera de la protesta, puedan estar en el espacio público de manera segura. Esta es una de las prácticas que urgentemente tiene que cambiar en la policía, ¿pero cómo se van a acabar estas malas prácticas si son avaladas apasionadamente por quien está en cabeza de la institución?
Decimos en las marchas que “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, que tiene que ver precisamente con esto: los valores e intereses de la policía parece que van en contravía de la autonomía de las mujeres, nos sentimos acosadas y amenazadas por la policía, no protegidas. Y esto tiene que ver con muchos errores estructurales, como la poca capacitación de la policía en materia de género y sus propios prejuicios que son buena parte de la causa de la impunidad en casos de violencia machista. Entre sus muchas reformas urgentes la policía necesita un cambio ideológico y es más que evidente que Sanabria no liderará ese cambio, todo lo contrario. Por eso más de 30 organizaciones feministas nos preguntamos: ¿puede un antiderechos garantizar el acceso a derechos de la ciudadanía?
