Ella ha ido al menos 40 veces a denunciar a su expareja ante la policía, pero siempre le dicen que no se puede hacer nada. Ha tratado de dejarlo por todos los medios, pero él la sigue persiguiendo. Ahora ha llegado al centro comercial, a su lugar de trabajo, con un arma que usa para matarla.
No me refiero a Erikha Aponte Lugo, asesinada esta semana en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, por su expareja Christian Camilo Rincón, sino a Claudia Rodríguez, asesinada por Juan Alberto Reyes en el Centro Comercial Santafé, en abril de 2017. La historia es prácticamente igual salvo por pequeñas diferencias, como que Reyes ya había sido condenado antes, en 2006, cuando llegó al centro comercial Bachué II y le disparó a su esposa de ese ese momento, María Margarita Acosta y a sus hermanos Paola y Carlos Eduardo. En esa ocasión su esposa sobrevivió, pero murió su hermana Paola y un amigo de la familia que también estaba acompañándolos, Omar Díaz. Reyes había quedado en libertad por “buena conducta”, y en 2017 repitió su hazaña, esta vez tomando por rehén a Claudia Rodríguez antes de asesinarla.
Ahora TikTok está inundado de videos que nos muestran el punto de vista de personas en el centro comercial que quieren ponerse en el centro de la tragedia. Para todos es algo sorprendente, inusual, una historia por contar. Los medios entienden rápidamente que esto es viral y llegan a cubrir lo que llaman “un crimen pasional”. Es lo mismo que en 2017, las mismas fallas del sistema de justicia, los mismos medios que exprimen el dolor de las mujeres. Los medios también han jugado su parte en este déjà vu lamentable. Se siguen cometiendo los mismos errores en la cobertura: aproximarse a los feminicidios como si fueran notas de entretenimiento y espectáculo, como si las mujeres muertas fueran personajes de ficción o alegorías, anécdotas para clickbait.
El feminicidio de Erikha Aponte nos deja un balance amargo porque parece que en los últimos seis años no hemos avanzado absolutamente nada y seguimos fingiendo sorpresa. Como mínimo esto nos exige un examen de los recursos que hay para las víctimas de violencia machista. Tanto Aponte como Rodríguez tenían “medida de protección”, que les sirvió para absolutamente nada. La Personería de Bogotá informó que durante el 2022 “los Agentes del Ministerio Público ante Comisarías de Familia, intervinieron en (5.408) medidas de protección, en los que se registraron como afectadas a 2.246 mujeres adultas, 2.241 niñas y 632 adolescentes mujeres”. ¿Qué ha pasado con esos 5.119 potenciales víctimas de violencia machista? ¿Cuántas de ellas podrían decir que les sirvió para algo la medida de protección? En parte, si no hemos sido capaces de atender el problema es porque no lo entendemos. ¿Qué habrían necesitado para estar realmente seguras? ¿Un policía que las acompañara y persiguiera hasta la entrada del baño? La verdad es que todas las medidas de protección serán insuficientes mientras la justicia y la sociedad sigan respaldando a los agresores. ¿Cuántas veces tiene que amenazarte de muerte tu pareja para que la policía te crea?
