Gestación por sustitución en Colombia

La gestación por sustitución es un debate pendiente en Colombia, aunque se practica desde hace muchos años en medio de un vacío legal. Lo más cercano a un debate jurídico ha sido la Sentencia T-968 de 2009 de la Corte Constitucional, que define la maternidad subrogada como “el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso, mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este. En este evento, la mujer que gesta y da a luz no aporta sus óvulos. Las madres sustitutas aceptan llevar a término el embarazo y, una vez producido el parto, se comprometen a entregar el hijo a las personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma determinada de dinero o los gastos ocasionados por el embarazo y el parto”. La definición no prohíbe la remuneración económica para la gestante, pero tampoco define cuál será el trámite jurídico para el pacto entre las partes, si el acuerdo debe presentarse ante un notario, que simplemente certifica que cada una de las partes es quien dice ser, o frente a un juez o jueza que está en capacidad de revisar el contrato para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las partes, especialmente de las gestantes.

Actualmente se trabaja también en una propuesta para reformar el Código Civil, que en Colombia data de 1887. La iniciativa para el nuevo Código incluye el artículo 51, que dice que “la gestación subrogada se encuentra permitida, de lo cual deberá dejarse constancia escrita por documento para que produzca efectos jurídicos, previo consentimiento informado de todos los partícipes. En este caso se considera como madre biológica a la dadora del material genético sin que la gestante pueda alegar derecho diferente a los consagrados en la concesión de las partes. Los dadores del material genético tendrán que concurrir al pago de los gastos médicos y de cuidado que son requeridos durante el embarazo y hasta el puerperio”. El artículo, sin embargo, no contempla a parejas del mismo sexo como usuarias de este servicio, lo cual puede generar situaciones de discriminación.

A comienzos de septiembre de este año, varios congresistas del Centro Democrático trataron de pasar un proyecto de ley que criminaliza la gestación por sustitución, particularmente cuando hay alguna forma de remuneración económica para la gestante. El proyecto de ley busca supuestamente “frenar la cosificación de bebés” y se refiere al servicio como “alquiler de vientre”. Ambos términos son equivocados. Por una parte, la gestación por sustitución no es una “venta de bebés”, consiste en la prestación de un servicio y las partes del cuerpo no se pueden alquilar. Según la abogada experta Alhelí Ordóñez, lo que pasa con la gestación por sustitución es que se pone “el uso del cuerpo de una persona en función de otro, según mi propia disposición estoy utilizando mi función orgánica en virtud de otros intereses”, como sucede con casi todos los trabajos. Por otro lado, Ordóñez afirma que darles una remuneración económica a las gestantes por su trabajo no es explotarlas, todo lo contrario: “Este andamiaje de compensaciones hace posible que el servicio sea realmente gratuito, porque si no la gestante termina cubriendo todos esos gastos, y entonces no es gratis, ella está poniendo bastante de su bolsillo. Si tú obligas a una mujer a gestar de forma gratuita, entonces estarías institucionalizando el mandato de género: yo tengo la obligación de parirle a mi marido, busco a alguien que me ayude, también gratis, y gratis por obligación”.

La gestación por sustitución ocurre desde hace décadas y seguirá ocurriendo, porque ya existe la tecnología médica, pero necesita urgentemente una regulación con perspectiva feminista que pueda garantizar los derechos humanos de las mujeres que prestan el servicio, quienes suelen ser la parte más vulnerable en estos acuerdos, pues, como sucede casi siempre, la prohibición o la falta de regulación de cualquier tipo de trabajo se presta para la explotación, y más en un país como el nuestro, con serias brechas de desigualdad.