La semana pasada las periodistas y escritoras que firmamos el primer comunicado de #NoAlPactoDeSilencio nos articulamos de nuevo para manifestarnos en contra de la intimidación y acoso judicial del director de RTVC, Hollman Morris, contra una de sus denunciantes, la joven Lina Castillo. Como se ha contado antes en esta columna, Castillo denunció a Morris en 2019 por comportamientos acosadores y racistas cuando él era su jefe en el Concejo de Bogotá. Desde entonces, Castillo ha sufrido todo tipo de revictimizaciones. Morris la acusó por injuria y calumnia, y la Fiscalía decidió imputar cargos y adelantar un proceso que criminaliza a Castillo por ejercer su derecho al escrache, que ha sido ratificado varias veces por la Corte Constitucional.
Como contamos en Volcánicas en julio de 2025, Castillo presentó pruebas para respaldar su denuncia que no fueron revisadas por la Fiscalía, que además decidió enfrentarla a Morris, uno de los funcionarios más poderosos del país, de forma revictimizante. La Fiscalía también admitió de forma pública algo evidente: que no ha tenido una perspectiva de género, y esa es una falencia que genera un riesgo de impunidad. A esto se suma que Cuestión Pública ha revelado que la abogada de Morris en este caso, Claudia Cristancho, tiene contratos por más de 400 millones de pesos con RTVC, algo que parece un conflicto de interés. Según Cuestión Pública, entre sus funciones “está la de presentar demandas y hacerle seguimiento a los pleitos judiciales que se instauran en el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Colombia (RTVC), entre ellos procesos contra personas que se considera que han difamado y calumniado a este medio de comunicación en redes sociales”. Además de representar a Morris y a RTVC de forma indistinta, Cristancho ha sido contratada por RTVC para elaborar la política de género de la organización. ¿Con qué garantías hará alguien una denuncia en el sistema de medios públicos?
Sin duda, esa política de género hace falta: en 2022 en Volcánicas publicamos un reportaje con testimonios de oyentes y empleadas que relataban incidentes machistas, acoso y comportamientos inapropiados por parte de productores, coordinadores y locutores de RTVC. En ese momento también denunciamos la falta de medidas y protocolos para tender violencias bajadas en género al interior de la organización, la impunidad reiterada y la revictimización de las denunciantes. Lo que es una verdadera ironía es que la política de género de una entidad que se sostiene con nuestros impuestos vaya a ser redactada por una abogada que lleva un caso de acoso judicial contra una denunciante de acoso.
Esta semana la Fiscalía anunció que el caso pasa a Fiscalía 3 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde supuestamente tendrá enfoque de género. Esto, de todas formas, no es suficiente, porque lo justo sería que la nueva fiscal pida una precaución y que cese el acoso judicial contra Castillo. Defender su derecho a la denuncia es defender la libertad de expresión de todas.
