Este miércoles volvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso emblemático para la región sobre el derecho a decidir, conocido como el caso de “Beatriz”, el nombre que se usa para proteger la identidad de la mujer a quien el Estado salvadoreño le negó derechos fundamentales como la salud, con graves consecuencias para ella y para toda su familia. Han pasado diez años desde que el Estado de El Salvador le impidió acceder a sus derechos a Beatriz y su caso es un paso clave en las luchas de las salvadoreñas por su derecho a decidir, especialmente ahora, pues ahora tienen que lidiar con un gobierno autoritario que no piensa dar ninguna garantía de derechos a mujeres y disidencias. Mientras en países de la región como Argentina, Chile, Colombia y México se avanza en derechos sexuales y reproductivos, Centro América se ha convertido en un fortín de los grupos antiderechos y es de las regiones del mundo más restrictivas y violentas para las mujeres.
En 2013 Beatriz vivía en Jiquilisco, una zona muy pobre en El Salvador. Era una madre joven, acababa de tener un parto muy complicado, con un diagnóstico de preeclampsia severa. Estaba nuevamente embarazada y su vida corría peligro porque además de las complicaciones previas, Beatriz tenía varias enfermedades graves como lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica, artritis reumatoide, entre otras. Como si fuera poco, el feto padecía una condición llamada “anencefalia”, es decir, que no se le iban a desarrollar el cerebro ni el cráneo, y por lo tanto no tenía esperanza de vida.
Ante esta circunstancia, los médicos en el hospital recomendaron un aborto, pero El Salvador tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en la materia, pues cualquiera que practique un aborto o cualquier persona que decida interrumpir su embarazo puede enfrentar 50 años de cárcel. El Salvador es famoso mundialmente por encarcelar a mujeres y niñas que han tenido abortos espontáneos. El caso tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana para que ordenara que a Beatriz le practicaran el aborto que necesitaba para salvar su vida, pero en ese punto el embarazo ya tenía seis meses, y había causado estragos irreversibles en su salud. Pocos años después, Beatriz tuvo lesiones menores en un accidente en una moto, no pudo recuperarse y murió.
En estos momentos la Corte Interamericana está juzgando al Estado de El Salvador por los daños que provocaron en Beatriz y su familia al negarle una interrupción segura y oportuna de un embarazo que ponía en peligro su vida y que acabó con su salud. Afuera de la Corte, en San José Costa Rica, activistas por los derechos humanos y anti-derechos están esperando el fallo. Se espera que la Corte, con su Sentencia, establezca estándares que permitan realizar interrupciones voluntarias del embarazo por razones de salud vida e integridad. El fallo de la Corte deberá ser retomado por otras cortes constitucionales e internacionales. Será un estándar que se convertirá en una herramienta clave para avanzar derechos sexuales y reproductivos en toda Latinoamérica y ojalá sea también una victoria muy importante para uno de los países con menos garantías de derechos humanos en toda la región.
