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El caso de Celia Ramos, una mujer piurana que murió al ser esterilizada sin su consentimiento en 1997, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) —el programa de control poblacional del Gobierno de Fujimori, en Perú—, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada. Ramos fue presionada y asediada por integrantes del PNSRPF hasta que lograron que se hiciera la intervención, y tras su muerte dejó a tres hijos menores de 10 años. Marisela Ramos, su hija mayor, dijo la semana pasada en audiencia frente a la corte que ella y su familia “esperan que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”.
El caso de Ramos ya había pasado por la Comisión IDH en 2021, donde se declaró la responsabilidad del Estado peruano y se pidieron medias de reparación que no llegaron. Por eso el caso llega hoy hasta la Corte. Aun así, la semana pasada el Estado peruano negó las graves violaciones de derechos humanos que vivieron miles de mujeres. Esta postura dificulta el acceso a la justica de muchas demandantes, y es una evidencia más de que el Estado no ha querido ni asumir responsabilidades, ni castigar a los responsables, ni reparar a las víctimas. Por ejemplo, en julio de 2024, un juzgado condenó a menos de cuatro años de prisión el médico que realizó la esterilización forzada que llevó a la muerte a otra mujer, María Mamérita Mestanza, sin reconocer la responsabilidad material e intelectual de otras personas involucradas en el caso.
El caso de Ramos no fue un evento aislado, sino que se calcula que, entre 1996 y 2001, se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompa sin consentimiento informado, y hay al menos 7000 mujeres que hoy reclaman justicia y reparaciones integrales. Como explica El País, también hubo un perfilamiento: “El 97 % de ellas, mujeres campesinas o indígenas de los departamentos más empobrecidos del país. A muchas las presionaron o les dieron poca información; a otras directamente les ligaron las trompas sin su consentimiento mientras estaban anestesiadas durante otros procedimientos y otras supieron tiempo después cuando quisieron tener hijos que decidieron por ellas y sobre su autonomía reproductiva”. Las esterilizaciones forzadas del PNSRPF dejaron a 18 víctimas mortales (que se sepa), y el caso de Ramos es el primero en llegar a una corte internacional. Esto es una esperanza para las familias de todas las demás, pues, como explica la abogada María Ysabel Cedano, de DEMUS, una de las organizaciones que acompañan a las víctimas, “la Corte tiene la oportunidad histórica de hacer justicia estableciendo la responsabilidad del Estado peruano por este crimen de lesa humanidad, reparar integralmente con y para las víctimas y adoptar garantías de no repetición para que nunca más se vulnere el derecho al consentimiento libre e informado sin discriminación alguna”. La justicia para Celia Ramos, puede ser el primer paso para que todas las víctimas encuentren justicia.
