El 29 de mayo Alejandra Monocuco falleció por negligencia del Estado. La Red Comunitaria Trans denunció, a través de sus cuentas de redes sociales y luego en un comunicado, que “debido a la negligencia, transfobia y serofobia de los prestadores del servicio de salud y demás entidades competentes, [Alejandra] no recibió la atención debida en salud que pudo haber evitado su muerte”. Su compañera de vivienda llamó a una ambulancia a la media noche porque Alejandra no podía respirar. Según la Red Comunitaria Trans, la ambulancia llegó tarde y se demoró en subir a atenderla. Cuando le informaron al paramédico que ella vivía con VIH, el prestador de servicio se alejó de la paciente y dijo que “consideraba que ella tenía una sobredosis”, no le ofrecieron oxígeno a pesar de que se estaba ahogando, ni la trasladaron al hospital, se fueron sin hacer nada y se parquearon a fumar frente a la casa. A las 2:00 a.m., Alejandra Monocuco falleció y la funeraria no llegó hasta las 4:50 p.m. a hacer el levantamiento del cuerpo.
Luego, en un comunicado de prensa la Secretaría Distrital de Salud aceptó que había mentido al decir que Alejandra Monocuco se negó a ser trasladada a un hospital: “Aclaramos a la opinión pública que no existió la firma de un desistimiento escrito, lo cual reconocemos como un error del comunicado emitido el 29 de mayo y por lo cual como Secretaría Distrital de Salud ofrecemos disculpas públicas”. En consecuencia, la Secretaría de Salud anunció que iniciará investigaciones disciplinarias, capacitación al personal para garantizar un enfoque de derechos, de género y diferencial e invitó a las organizaciones y colectivas trans a una mesa de diálogo. A la fecha, no ha habido un pronunciamiento público por parte de la alcaldesa de Bogotá sobre lo ocurrido y se desconoce con certeza sí Alejandra murió por coronavirus.
Hace unos meses, cuando comenzó la pandemia, presenté en esta columna el concepto de “necropolítica”, acuñado por el filósofo francocamerunés Achille Mbembe: “la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder, de modo que su expresión última reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir”. El poder estatal de la necropolítica no se ejerce sólo de forma activa, matando con violencia, también se ejerce a través de la negligencia que niega servicios básicos de salud a algunas personas que habitan los márgenes de los modelos hegemónicos, como las personas trans. Según Claudia Lazcano, Maria Juracy Filgueiras y Joao Manoel de Oliveira, “la negligencia estructural emerge como una forma de gestión de la muerte social, que precede e induce a la física. En ese contexto analítico, es cuestionable el carácter de ‘fachada’ de ciertas políticas públicas, una de las estrategias de que se vale el necrobiopoder para operar en el campo trans”. Lo dicen sobre Brasil, pero aplica para Colombia: “Si bien en algunos países la homosexualidad, la transexualidad o cualquier otra forma de disidencia sexual y de género son aún criminalizadas, en otros, no serlo no impide que aparezcan mecanismos que legitimen la eliminación física de estas personas, a través de la deslegitimación del valor de sus vidas”, y luego, parafraseando a Judith Butler, añaden: “aun cuando reconocer la precariedad constitutiva de la vida –dada por la dependencia de las redes y condiciones sociales– constituya la justificativa para ofrecer protección y cuidado, su reconocimiento, y con él la percepción de la fragilidad de la vida humana, es un privilegio exclusivo de aquellas poblaciones consideradas dignas del luto”.
Es decir, que las políticas de igualdad y no discriminación se convierten en una fachada cuando hay una negligencia selectiva con personas que viven otras formas de discriminación, como las mujeres trans, las trabajadoras sexuales y las personas que viven con VIH: todas vulnerabilidades concentradas en el cuerpo de Alejandra Monocuco. Pedir disculpas o señalar errores es redundar en lo evidente, justicia es garantizar verdad sobre los responsables, reparación a la comunidad y medidas concretas para que esto nunca vuelva a pasar.
El 29 de mayo Alejandra Monocuco falleció por negligencia del Estado. La Red Comunitaria Trans denunció, a través de sus cuentas de redes sociales y luego en un comunicado, que “debido a la negligencia, transfobia y serofobia de los prestadores del servicio de salud y demás entidades competentes, [Alejandra] no recibió la atención debida en salud que pudo haber evitado su muerte”. Su compañera de vivienda llamó a una ambulancia a la media noche porque Alejandra no podía respirar. Según la Red Comunitaria Trans, la ambulancia llegó tarde y se demoró en subir a atenderla. Cuando le informaron al paramédico que ella vivía con VIH, el prestador de servicio se alejó de la paciente y dijo que “consideraba que ella tenía una sobredosis”, no le ofrecieron oxígeno a pesar de que se estaba ahogando, ni la trasladaron al hospital, se fueron sin hacer nada y se parquearon a fumar frente a la casa. A las 2:00 a.m., Alejandra Monocuco falleció y la funeraria no llegó hasta las 4:50 p.m. a hacer el levantamiento del cuerpo.
Luego, en un comunicado de prensa la Secretaría Distrital de Salud aceptó que había mentido al decir que Alejandra Monocuco se negó a ser trasladada a un hospital: “Aclaramos a la opinión pública que no existió la firma de un desistimiento escrito, lo cual reconocemos como un error del comunicado emitido el 29 de mayo y por lo cual como Secretaría Distrital de Salud ofrecemos disculpas públicas”. En consecuencia, la Secretaría de Salud anunció que iniciará investigaciones disciplinarias, capacitación al personal para garantizar un enfoque de derechos, de género y diferencial e invitó a las organizaciones y colectivas trans a una mesa de diálogo. A la fecha, no ha habido un pronunciamiento público por parte de la alcaldesa de Bogotá sobre lo ocurrido y se desconoce con certeza sí Alejandra murió por coronavirus.
Hace unos meses, cuando comenzó la pandemia, presenté en esta columna el concepto de “necropolítica”, acuñado por el filósofo francocamerunés Achille Mbembe: “la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder, de modo que su expresión última reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir”. El poder estatal de la necropolítica no se ejerce sólo de forma activa, matando con violencia, también se ejerce a través de la negligencia que niega servicios básicos de salud a algunas personas que habitan los márgenes de los modelos hegemónicos, como las personas trans. Según Claudia Lazcano, Maria Juracy Filgueiras y Joao Manoel de Oliveira, “la negligencia estructural emerge como una forma de gestión de la muerte social, que precede e induce a la física. En ese contexto analítico, es cuestionable el carácter de ‘fachada’ de ciertas políticas públicas, una de las estrategias de que se vale el necrobiopoder para operar en el campo trans”. Lo dicen sobre Brasil, pero aplica para Colombia: “Si bien en algunos países la homosexualidad, la transexualidad o cualquier otra forma de disidencia sexual y de género son aún criminalizadas, en otros, no serlo no impide que aparezcan mecanismos que legitimen la eliminación física de estas personas, a través de la deslegitimación del valor de sus vidas”, y luego, parafraseando a Judith Butler, añaden: “aun cuando reconocer la precariedad constitutiva de la vida –dada por la dependencia de las redes y condiciones sociales– constituya la justificativa para ofrecer protección y cuidado, su reconocimiento, y con él la percepción de la fragilidad de la vida humana, es un privilegio exclusivo de aquellas poblaciones consideradas dignas del luto”.
Es decir, que las políticas de igualdad y no discriminación se convierten en una fachada cuando hay una negligencia selectiva con personas que viven otras formas de discriminación, como las mujeres trans, las trabajadoras sexuales y las personas que viven con VIH: todas vulnerabilidades concentradas en el cuerpo de Alejandra Monocuco. Pedir disculpas o señalar errores es redundar en lo evidente, justicia es garantizar verdad sobre los responsables, reparación a la comunidad y medidas concretas para que esto nunca vuelva a pasar.