Justo a tiempo, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y lesa humanidad contra 27 comandantes de las FARC, incluyendo desapariciones forzadas, masacres, homicidios, tortura, atentados y también violencia sexual. Se trata de los Macrocasos 10 y 11, y en el Subcaso 01 del Caso 11 se habla de la violencia sexual y otras violencias de género contra civiles. Los casos muestran cómo la guerrilla instrumentalizó la violencia contra las mujeres y las diversidades como una estrategia de guerra. La violencia sexual se usaba “como castigo contra mujeres campesinas que, a juicio de la guerrilla, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad”. También “se documentaron hechos de violaciones a mujeres por tener relaciones sentimentales con miembros de la fuerza pública” y “violaciones en medio de las hostilidades”. Casi 2.500 víctimas cuentas sus historias: las nueve mujeres y una niña, agredidas sexualmente en 1999 en Puerto Rico, Meta; la madre que mataron por buscar a sus tres hijos adolescentes, interceptados por el Bloque Sur; la profesora que mataron en 2006 en Lejanías, por no estar de acuerdo con el reclutamiento de sus alumnos; y el inmenso daño social y el recrudecimiento de las violencias patriarcales que dejó el conflicto.
“Hay quienes creen que el enfoque de género solo se materializa en normas, protocolos o decisiones judiciales, pero yo lo he visto hacerse realidad de muchas otras formas: cada vez que una mujer encuentra un espacio seguro para contar lo que le ocurrió durante el conflicto armado. Cada vez que encuentra razones para romper el silencio. Cada vez que siente que su experiencia importa y que hay voluntad de garantizar sus derechos. Lo he visto cuando las organizaciones logran incidir en las decisiones que las afectan y cuando la justicia es capaz de reconocer violencias que fueron negadas, minimizadas o invisibilizadas”, dice Alexandra Sandoval, coordinadora de la Comisión de Género de la JEP. Porque la imputación es un hito en un proceso que comenzó hace 10 años, y que les cambió la vida a millones de colombianos y colombianas. Sandoval también cuenta que para que pudiera ser posible algo como el Caso 11, hubo “años de incidencia de organizaciones que, en cada espacio de participación convocado por la JEP, insistieron en que estas violencias dejaran de ser tratadas como hechos aislados, que se reconociera que las violencias basadas en género no fueron daños colaterales de la guerra, sino prácticas sistemáticas que dejaron huellas profundas en la vida de miles de colombianos y colombianas”. Hubo un proceso de paz que comenzó antes del proceso de paz; las mujeres, organizadas y articuladas, fueron su motor y quienes marcaron la ruta.
Cuando esto estaba en manos de la justicia ordinaria, el 97 % de estos casos ni siquiera llegó a juicio. Esta imputación es una muestra tangible del impacto y la importancia de un organismo como la JEP, que no puede ni debe desaparecer. No podemos romper el ciclo de violencia en Colombia sin acabar con la impunidad, y por eso la JEP es el punto de apoyo indispensable para construir un país que deje de estar atravesado por la violencia.
