En Argentina acaba de pasarse un decreto nacional que modifica la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y permitirá que todas las personas en edad de jubilarse que hayan sido madres puedan iniciar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el trámite para la concesión de años y aportes jubilatorios por maternidad. Gracias a este decreto, se estima que 155.000 mujeres computen años para alcanzar el mínimo de servicios necesarios para pensionarse. El trámite se gestiona con las partidas de nacimiento o sentencias de adopción si fuesen necesarias. Además, el gobierno les dará a las madres “un año de aportes por hijo, y dos años en caso de que fuera adoptado o que tuviera discapacidad y tres años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AHU) por al menos 12 meses”.
Este es un reconocimiento revolucionario porque significa que el Estado entiende que la labor de cuidado de las madres, biológicas o adoptivas, es un trabajo, aunque no sea remunerado, y que es un servicio a la sociedad, porque si las madres no criamos no existiría eso que llamamos “sociedad”. Las pensiones son uno de los factores más importantes para cerrar las brechas de desigualdad social y para garantizarle a la ciudadanía bienestar y tranquilidad en la vejez. Las pensiones también han generado, históricamente, brechas de género, pues solo se conceden a quienes tienen un trabajo formal y asalariado, y esto ha dejado fuera a las mujeres que están en la casa haciendo labores de cuidado o que hacen parte de la economía informal, por ejemplo, trabajando en el servicio doméstico. Por mucho tiempo, aún ahora, ser una viuda que pueda vivir de la pensión de su marido ha sido un privilegio limitado a unas cuantas mujeres y esto deja a muchas en una situación de gran precariedad.
Además, según Latfem Noticias, “se calcula que alrededor del 44 % de las mujeres en edad de jubilarse no pueden hacerlo por las brechas de inserción laboral y por haberse dedicado a cuidar a sus hijxs”. Este modelo, que es el que tenemos en Colombia, asume que cuando las mujeres suspenden su trabajo para maternar están “dejando de trabajar”, cuando en realidad están haciendo uno de los oficios más importantes para un país. Este sistema también abre brechas de desigualdad al interior de las parejas heterosexuales, en donde el hombre necesariamente recibiría una mayor pensión porque nunca suspendería su trabajo asalariado, y en esa medida, incluso si su pareja es una mujer que tiene un trabajo profesional y pago, ella tendría una dependencia de su marido en lo que respecta a la pensión.
Cuando una mujer decide ser madre nadie le dice que esto vendrá con una serie de desventajas económicas y profesionales a largo plazo que rara vez afectan a los padres. Estas desigualdades no son inherentes a la maternidad, son el resultado de vivir la maternidad en un sistema que hace como si las madres no existiéramos. Garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos también pasa por crear políticas públicas para que la maternidad no tenga un costo económico y profesional tan alto y desigual, pasa por garantizar que las personas puedan maternar (y digo personas, porque hombres y personas no binarias también pueden maternar) sin ser discriminadas en su vida profesional.
Enhorabuena por Argentina, que sigue siendo un ejemplo para la región por sus avances sociales, y ojalá que en Colombia empecemos a organizarnos para exigirle al Estado una medida similar, que reconozca que, con pago o no, la maternidad es un trabajo crucial, indispensable e ineludible para nuestra sociedad.
