La revista Semana acaba de revelar una investigación escalofriante en la que informan cómo militares y exmilitares están espiando e interceptando ilegalmente las comunicaciones de políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, usando carísimos equipos de interceptación de última tecnología que debían ser usados para la seguridad nacional.
Semana también denunció el seguimiento y espionaje de sus periodistas, con acciones entre las que se cuentan envíos de lápidas funerarias y una Toyota negra, cuyas placas mostraban que fue asignada a los militares, que estuvo parqueada durante meses frente a las instalaciones de la revista y probablemente con un equipo de interceptación de celulares y espionaje conocido como StingRay. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “estas revelaciones suponen un nuevo episodio de vigilancia estatal, masivo e ilegal, cuyo alcance todavía no es posible establecer y revive los temores que surgieron cuando se conocieron los actos delictivos realizados por el órgano de seguridad DAS”. Y sí, con el uribismo III regresaron las “chuzadas”, no se olvidan las malas mañas y se amplifican con la tenología de hoy.
La magistrada Cristina Lombana ordenó un allanamiento el 18 de diciembre a la sede del batallón de ciberinteligencia en Facatativá, en busca de evidencia sobre nuevas “chuzadas”, sin saber que ella era uno de los objetivos del espionaje. Semana reveló que, ante el allanamiento, “oficiales del Ejército trataban nerviosamente de esconder información, tinterillos buscaban obstaculizar el operativo, suboficiales escondían equipos, computadores desvalijados a última hora, uniformados trataban de sacar información subrepticiamente por la ventana”.
Luego El Espectador reveló que a mediados de diciembre se encontró un micrófono en el techo de la oficina del magistrado de la Corte Suprema César Reyes, quien lleva el caso por fraude procesal y soborno en donde se investiga al expresidente Álvaro Uribe. El Espectador también denunció el año pasado que hubo drones que se asomaban a la Sala de Instrucción de la Corte durante la declaración de un testigo. La magistrada Lombana, por su parte, llevó hasta 2019 el caso de manipulación de testigos, también en contra del expresidente.
La Silla Vacía se preguntó con suspicacia si el presidente Duque y el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sabían de las “chuzadas”, porque en declaraciones públicas han dicho que no. Sin embargo, Roy Barreras, uno de los interceptados ilegalmente según la revista Semana, hizo una denuncia pública por espionaje ilegal en octubre del año pasado, y el exgobernador Camilo Romero se sabe interceptado desde hace seis o siete años. El ministro de Defensa ya admitió públicamente que Semana le notificó de la investigación el 12 de diciembre. Semana también contó que Duque les preguntó a los generales si habían hecho interceptaciones ilegales y luego les hizo firmar un formato en donde aseguraban que no. Para cualquiera es difícil creer que el presidente no sabía que esto estaba pasando, aunque sí quedan dudas sobre si tiene control de los hechos, a fin de cuentas no es a él, sino a un “reconocido político del Centro Democrático”, a quien le entregan la información ilegal.
Este escándalo revela que en este momento en Colombia no hay garantías para los derechos humanos. El espionaje ilegal pone en gravísimo peligro a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de la oposición. Ya sabemos el saldo que dejaron los gobiernos uribistas I y II, y parece el III será mucho peor.
La revista Semana acaba de revelar una investigación escalofriante en la que informan cómo militares y exmilitares están espiando e interceptando ilegalmente las comunicaciones de políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, usando carísimos equipos de interceptación de última tecnología que debían ser usados para la seguridad nacional.
Semana también denunció el seguimiento y espionaje de sus periodistas, con acciones entre las que se cuentan envíos de lápidas funerarias y una Toyota negra, cuyas placas mostraban que fue asignada a los militares, que estuvo parqueada durante meses frente a las instalaciones de la revista y probablemente con un equipo de interceptación de celulares y espionaje conocido como StingRay. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “estas revelaciones suponen un nuevo episodio de vigilancia estatal, masivo e ilegal, cuyo alcance todavía no es posible establecer y revive los temores que surgieron cuando se conocieron los actos delictivos realizados por el órgano de seguridad DAS”. Y sí, con el uribismo III regresaron las “chuzadas”, no se olvidan las malas mañas y se amplifican con la tenología de hoy.
La magistrada Cristina Lombana ordenó un allanamiento el 18 de diciembre a la sede del batallón de ciberinteligencia en Facatativá, en busca de evidencia sobre nuevas “chuzadas”, sin saber que ella era uno de los objetivos del espionaje. Semana reveló que, ante el allanamiento, “oficiales del Ejército trataban nerviosamente de esconder información, tinterillos buscaban obstaculizar el operativo, suboficiales escondían equipos, computadores desvalijados a última hora, uniformados trataban de sacar información subrepticiamente por la ventana”.
Luego El Espectador reveló que a mediados de diciembre se encontró un micrófono en el techo de la oficina del magistrado de la Corte Suprema César Reyes, quien lleva el caso por fraude procesal y soborno en donde se investiga al expresidente Álvaro Uribe. El Espectador también denunció el año pasado que hubo drones que se asomaban a la Sala de Instrucción de la Corte durante la declaración de un testigo. La magistrada Lombana, por su parte, llevó hasta 2019 el caso de manipulación de testigos, también en contra del expresidente.
La Silla Vacía se preguntó con suspicacia si el presidente Duque y el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sabían de las “chuzadas”, porque en declaraciones públicas han dicho que no. Sin embargo, Roy Barreras, uno de los interceptados ilegalmente según la revista Semana, hizo una denuncia pública por espionaje ilegal en octubre del año pasado, y el exgobernador Camilo Romero se sabe interceptado desde hace seis o siete años. El ministro de Defensa ya admitió públicamente que Semana le notificó de la investigación el 12 de diciembre. Semana también contó que Duque les preguntó a los generales si habían hecho interceptaciones ilegales y luego les hizo firmar un formato en donde aseguraban que no. Para cualquiera es difícil creer que el presidente no sabía que esto estaba pasando, aunque sí quedan dudas sobre si tiene control de los hechos, a fin de cuentas no es a él, sino a un “reconocido político del Centro Democrático”, a quien le entregan la información ilegal.
Este escándalo revela que en este momento en Colombia no hay garantías para los derechos humanos. El espionaje ilegal pone en gravísimo peligro a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de la oposición. Ya sabemos el saldo que dejaron los gobiernos uribistas I y II, y parece el III será mucho peor.