Las defensoras del territorio son indispensables para la democracia

El pasado 11 de diciembre fue el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos y se relanzó la campaña de 2018 “Lidera la Vida”, para respaldar a líderes sociales en Colombia, de la que hacen parte entidades gubernamentales y no gubernamentales y medios de comunicación, entre esos El Espectador. El mismo día, el Gobierno nombró en la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a Clemencia Carabalí, una defensora afro y caucana que ha dedicado su vida a la organización comunitaria. Este respaldo a las defensoras, hasta ahora simbólico, es un primer paso importante porque llevaban décadas en la desprotección absoluta y en los últimos meses hemos visto unos gestos de voluntad por parte del Gobierno para que este deje de ser un problema marginal, así como la ratificación del Acuerdo de Escazú. Lo que sigue es garantizar vidas libres y seguras para las defensoras de la tierra y el territorio, y lograr eso requiere mucho más que un cambio de actitud.

El informe “Construyendo el poder en las crisis: las respuestas de las mujeres al extractivismo”, realizado por el Fondo SAGE y publicado a finales del mes pasado, muestra que las prácticas extractivistas tienen un efecto diferenciado en las mujeres. El modelo extractivista tiene tres características: está apoyado en un entramado de poderes que incluye “funcionarios gubernamentales, empresas, inversionistas y financieros, fuerzas de seguridad, élites mediáticas, grupos armados y grupos criminales”; es neocolonial, porque “las ganancias rara vez regresan a los habitantes de las tierras de las que se extrajeron los recursos”, y es patriarcal, porque está “diseñado para el beneficio de los hombres y operado a través de la dominación de las mujeres, la naturaleza y los pueblos indígenas y rurales”, y porque “la exclusión de las mujeres de las funciones de toma de decisiones en torno a las industrias extractivas se extiende desde los lugares de trabajo a las salas de juntas de las empresas y a los espacios de establecimiento de la agenda sobre el clima, el medio ambiente, los derechos y la seguridad. Incluso dentro de las familias, las comunidades y los movimientos sociales”.

En la última década, dos fenómenos se han presentado en toda la región: por un lado, el poder de las multinacionales ha crecido de forma exponencial: reciben incentivos financieros de los Estados y un gran margen de impunidad que les permite eludir el escrutinio público. Al mismo tiempo, los Estados y las empresas echan mano de la fuerza pública y de las empresas de seguridad privada (compuestas por exmilitares, grupos paramilitares y grupos armados ilegales), que se ponen al servicio de los intereses privados de las multinacionales y en contra de las comunidades. La militarización recrudece la violencia contra las mujeres, pues “suele estar asociada a altos índices de violencia de género”. Además, “las mujeres y las niñas que viven cerca de los lugares de extracción, o que trabajan en estas industrias, sufren altos niveles de violencia de género perpetrada por los trabajadores varones. La violencia de género contra las trabajadoras del sexo que emigran a las comunidades extractivas es extrema y común”.

Mujeres y niñas tienen “un papel central en la gestión de los recursos y la protección de la biodiversidad”. Pero las industrias extractivas desvalorizan su papel en la comunidad y son las primeras afectadas por los despojos de tierras. Además, el informe muestra que la persecución a las defensoras de la tierra y el territorio cierra los espacios cívicos y esto, a su vez, favorece a los regímenes autocráticos. Países como El Salvador, Nicaragua y Honduras son excelentes ejemplos. Por eso es importante que como sociedad entendamos que la persecución contra las defensoras de derechos humanos no es un problema aislado; por el contrario, es el comienzo de una cadena de consecuencias que violan los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y debilitan las democracias.