Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A la media noche del domingo 18 de mayo, la abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña, Ruth López, directora de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal (la organización de defensa de derechos humanos más grande de El Salvador) fue detenida por las autoridades en circunstancias irregulares. La policía salvadoreña se presentó a su casa, hizo que López saliera por medio de engaños para arrestarla, y durante un tiempo estuvo retenida sin informar su paradero a su familia y colegas, una práctica que puede catalogarse como desaparición forzada. La Fiscalía, una institución tomada por el régimen de Bukele, la acusa de “peculado” por presuntamente haber colaborado en el desvío de fondos estatales durante su tiempo como asesora de Eugenio Chicas, pero no especifica otros detalles.
Es evidente que el arresto de López tiene que ver con su oposición al gobierno, pues la abogada, que fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC en 2024, es reconocida por sus investigaciones sobre irregularidades y abusos del gobierno de Bukele. Como señala El País, López “denunció el uso de fondos públicos para espiar con Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos; reveló corrupción en la entrega de contratos durante la pandemia de la COVID-19; detectó fraudes en la Chivo Wallet, la billetera oficial de Bitcoin en El Salvador, y documentó opacidad en el presupuesto estatal. También alertó sobre el impacto ambiental del CECOT [la megacárcel de Bukele] y las violaciones de derechos humanos ligadas a megaproyectos”.
Su arresto se produce mientras se pretende pasar la Ley de Agentes Extranjeros, que busca imponer un estricto control y supervisión sobre las ONG y otras entidades que reciben financiamiento del exterior. La nueva ley pide un registro obligatorio a las organizaciones, impone un impuesto que va del 30 al 40 % sobre los fondos recibidos, y prohíbe vagamente “actividades políticas”. La ley también presenta un riesgo de criminalización para las organizaciones. La Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar las voces críticas del gobierno, controlar la sociedad civil y limitar la cooperación internacional que sostiene buena parte del movimiento de derechos humanos, algo muy parecido a lo que ha pasado en la última década en Nicaragua.
Además del arresto de López, el gobierno de Bukele arrestó la semana pasada a Alejandro Henríquez, del Foro Agua, por participar en una protesta de un grupo de campesinos contra el desalojo de sus tierras, y al activista Fidel Zavala, conocido por haber sido testigo de torturas en las cárceles salvadoreñas, “capturado y enviado a la misma prisión donde están los verdugos que señaló”, según explica El País. Organizaciones de defensa de derechos humanos en todo el mundo han señalado estos arrestos como un indicador de un recrudecimiento de la represión en El Salvador. Con esto, Bukele cruza una línea y le deja claro al mundo que su autoritarismo no tiene límite, y es importante que sus fans en Colombia, que están tanto en la política como en la ciudadanía, entiendan las consecuencias de apoyar líderes y políticas antiderechos y antidemocracia.
