Esta semana, en Razón Pública, Jorge Iván González hace una explicación muy lúcida sobre el vínculo de la inflación con la política. “La inflación de alimentos es alta porque durante el período de la bonanza se destruyó la capacidad productiva del sector agropecuario, sobre todo de las pequeñas fincas. La devaluación del peso que siguió a las bonanzas encareció la importación de alimentos y eso se ha reflejado en una mayor inflación”, explica González, de forma muy llana y necesaria, pues a las personas de a pie nos cuesta entender cómo es que la bonanza económica de un país puede funcionar en su contra de forma devastadora.
González explica que “el mejor antídoto contra la inflación es recuperar la producción nacional de alimentos básicos”. Sin embargo, aunque en comparación con otros países latinoamericanos la inflación en general ha estado controlada, la tendencia en Colombia es a importar cada vez más y más alimentos, lo que aumenta el costo de la canasta familiar: “Hace diez años Colombia importaba cada año un millón de toneladas de alimentos básicos. Hoy, se importan 14 millones”. Y esto sucede en parte porque el uso de la tierra está cambiando: “Los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014 son alarmantes: el 70,8 % de los productores están vinculados a fincas menores de cinco hectáreas”, pero estas fincas pequeñas apenas ocupan el “3,1 % del área censada”. Es decir que se usa un mínimo de la tierra para producir la gran mayoría de los alimentos de consumo básico. ¿Y el resto de la tierra? “En las fincas de más de 1.000 hectáreas se ubica el 0,2 % de los productores y ocupan el 59,5 % del área censada”. Lo que nos dice esto es que los grandes latifundios o monopolios de tierra atentan contra nuestra soberanía alimenticia, son uno de los factores que nos obligan a importar más comida y aumentan la inflación, empobreciendo a todo el mundo.
La lucha por el acceso a la tierra es la causa primaria del conflicto armado interno que tuvo Colombia por casi 60 años y son precisamente las pocas garantías para el acceso a la tierra las que hoy ponen en vilo el Acuerdo de Paz. El asesinato sistemático de líderes sociales, en Colombia y todo el continente, está conectado íntimamente con la defensa de la tierra y el territorio, que es hoy el oficio más peligroso de toda América Latina. Dice el congresista Iván Cepeda en El Espectador: “Una parte significativa de esos asesinatos se están produciendo contra personas que reclaman su derecho a la tierra, que han participado de procesos de restitución. Otros asesinatos, como el que se produjo este fin de semana contra una abogada que ha litigado casos que tienen que ver con el páramo de Santurbán, tienen que ver con el reclamo por el respeto a los ecosistemas y el agua. Y, por supuesto, también hay personas que están siendo asesinadas porque los territorios están en disputa entre distintas organizaciones criminales. Pero reducir esto a un tema de economías ilegales es simplificar una realidad que no es nueva en Colombia y son los derechos que tienen las comunidades y por los que luchan y son asesinados”.
Es muy importante entender entonces que los líderes sociales no merecen solo nuestra solidaridad por estar arriesgando el pellejo en la “Colombia profunda”. Con su trabajo, los defensores de la tierra y el territorio están cuidando la economía del país, están literalmente en la trinchera de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que nos afectan a todos. Mañana, 26 de julio, recordemos que salir a marchar en defensa de la paz es también marchar por el acceso a la tierra. Y que el acceso a la tenencia de tierra no es algo abstracto y lejano que no nos toca en las ciudades, sino la base de nuestra economía y el fundamento para todas las garantías de derechos humanos.