Esta semana en Volcánicas publicamos el reportaje “Médicos violentan sexualmente a mujeres en Florencia sin que nadie los detenga”, una investigación sobre cinco denuncias por violencia sexual en contra de cuatro médicos en el Caquetá, Colombia. Tres de los médicos, Elías Rojas (urólogo), Helder Calderón (médico general) y Juan Camilo Arrata (ginecólogo), fueron denunciados por presuntamente hacer tocamientos irregulares y de naturaleza sexual en las consultas, y por acoso sexual. Una cuarta denuncia, contra el ortopedista Domingo Ramos, viene de una interna del hospital a quien presuntamente violó cuando ella se encontraba inconsciente por haber tomado mucho trago en una fiesta. La denunciante trató de seguir el conducto regular para hacer su denuncia, pero vivió todo tipo de revictimizaciones en el camino, entre esas haber sido examinada por un médico que tenía varias denuncias por violencia sexual.
Los médicos presuntamente comenzaron el acoso haciendo comentarios sobre los cuerpos de las pacientes, haciéndoles preguntas sobre su vida afectiva y sexual, y uno de ellos hasta violó la privacidad de la historia clínica para llamar a una paciente a invitarla a salir. Las mujeres dicen que se sentían muy vulnerables porque estaban enfermas y que los médicos abusaron de su poder pidiéndoles cosas como que “se excitaran” para el examen médico, “ofreciéndose a penetrarlas” como parte de un tratamiento terapéutico y masturbándose mientras ellas se cambiaban, entre otras conductas indebidas. Todas las denunciantes dejaron de asistir a controles y exámenes médicos, en detrimento a su salud, por miedo a ser, de nuevo, víctimas de violencia sexual.
Todas estas denuncias se mantienen en la impunidad, porque los médicos en el Caquetá tienen mucho poder social y económico (por ejemplo, la esposa de Elías Rojas, uno los denunciados, es la dueña de una de las clínicas de Florencia). Monopolizar el servicio de una especialidad se traduce en altísimos ingresos. Esto también significa que las pacientes no tienen opciones para elegir médico tratante, ni siquiera hay suficientes ginecólogas para que haya siempre una disponible examinar a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, como lo exigen la gran mayoría de los protocolos. Como es un círculo tan cerrado, todas las personas que trabajan en el gremio se conocen y esto hace que no haya confidencialidad en las denuncias que hace, además, que estas no progresen.
Estos abusos de poder muestran que hay problemas estructurales en la práctica de la medicina en dicha región. Por un lado, hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres al interior de la práctica médica: muchas médicas se ven obligadas a escoger entre tener hijos y avanzar su carrera, hay áreas de la medicina “feminizadas” (pediatría, dermatología, nutrición) y otras “masculinizadas” (urología, cardiología, cirugía, neurología y obstetricia) y esto es resultado de formas constantes de discriminación y hostigamiento sistemático que incluyen el acoso sexual a las mujeres, que está normalizado desde la universidad. Por otro lado existe lo que se conoce como “práctica médica autoritaria” y es un problema que surge de la rígida estructura de la práctica médica, con jerarquías de mando verticales que asemejan el modelo militar. La práctica médica también toma del modelo militar una desconexión emocional por parte de los médicos hacia les pacientes, resultando en un trato condescendiente y paternalista, especialmente si son mujeres o si son personas de bajos recursos, que termina por cosificarlas y por irrespetar su autonomía.
Una de las grandes barreras de acceso a la salud que enfrentamos las mujeres es la violencia sexual, pero eso no aparece en las políticas públicas ni se enseña a prevenir en las academias. Erradicar estas prácticas implica un esfuerzo de todo el gremio de la medicina y del Estado porque la salud es un derecho y tiene que ser garantizada. Lograr este cambio comienza con escuchar a las víctimas y creer en sus historias. Esa es la única manera de frenar a estos médicos machistas, que son también una amenaza de salud pública.
