Esta semana se hizo mediático un caso de explotación sexual a menores en Medellín que es paradigmático de los problemas de trata y explotación que la ciudad enfrenta, y que no sabe cómo atender porque el gobierno local no ha querido tener una conversación real sobre el tema. El resumen es el siguiente: la policía encuentra a dos menores en un cuarto de hotel con un extranjero. Un gringo, blanco, y esto es importante porque no todos los extranjeros que llegan a hacer turismo sexual a Colombia tienen el mismo poder. La policía, que suele distraerse persiguiendo jóvenes fumadores de marihuana, llega porque les avisa un vecino, pero no tienen ni idea de qué hacer. Dejan al tipo en libertad porque dicen que “no estaba en flagrancia” y porque les menores (parece que une de elles era trans) le dijeron a la policía que no estaban haciendo nada malo. ¡Seguro el gringo les invitó a su cuarto a jugar parqués! Total, que la policía no hizo nada, no lo entregó a Fiscalía (que se enteró por los medios de comunicación) y el tipo se voló.
Como el caso es indignante y se hizo viral, el gobierno de la ciudad decidió tomar medidas rápidas que los hicieran ver como si estuvieran haciendo algo, cuando en realidad no sirven de nada. Lo primero que hicieron fue cerrar el hotel por diez días. Esto no desincentiva la complicidad del gremio hotelero que se hace de la vista gorda con este delito, y menos cuando se sabe que algunos hoteles están trabajando con las redes de trata. Tampoco resuelve el problema que genera la desregulación de Airbnb. Es una golondrina que no hace verano.
Ante la queja, el alcalde, excandidato presidencial, tuvo una gran idea: dizque suspender “la demanda o solicitud de servicios sexuales o actividades afines en espacios públicos alrededor del Parque del Poblado, Provenza, Parque Lleras y zonas aledañas”. Pero es que el problema aquí no es el trabajo sexual, es la explotación y la trata, y prohibir el trabajo sexual o limitarlo, dejando la ejecución de esas normas en manos de la policía, el único resultado que tiene es legitimar la persecución de las trabajadoras sexuales y refundir aún más los delitos de explotación y trata. “La medida ataca a lxs trabajadores sexuales con condiciones de vida precaria en la ciudad, no a quienes ejercen el trabajo sexual desde plataformas o quienes ofrecen servicios como dama de compañía por páginas, ni mucho menos a las redes de trata, a las redes de explotación, o a las redes de [Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes] ESCNNA que operan en la misma forma”, dijo Valery Parra, presidenta de Sintrasex, Sindicato de Trabajadoras Sexuales, a Volcánicas.
El problema de explotación sexual en Medellín es profundo, es un legado de los tiempos más terribles del narcotráfico, y un lucrativo negocio para todas las redes criminales locales, regionales, internacionales. Ese tipo de delitos, y sobre todo a gran escala, son difíciles de ocultar sin la complicidad del Estado, que en el peor de los casos está directamente vinculado con actividades ilícitas y en el mejor de los casos les garantiza impunidad. También hay un problema social y cultural, que ha echado raíces en una ciudad machista y desigual. Hay una sexualización generalizada de las niñas, que está socialmente aceptada. La fama de “bonitas” se usa para justificar la cosificación y deshumanización de las mujeres en la ciudad, pero además y, sobre todo, ha tenido gobiernos incompetentes que no quieren entender la diferencia entre explotación y trabajo sexual ni enfrentar el problema, para no ganarse enfrentamientos con los criminales ni dañar la reputación de la ciudad.