Cientos de soldados rasos han sido condenados por los “falsos positivos”, pero ningún general. Este es el principal denuncia del informe publicado ayer por Human Rights Watch.
El informe, además, dedica un capítulo entero a los obstáculos de acceso a la justicia como represalias contra testigos (asesinato, violación sexual, intento por recluir a uno en un psiquiátrico para desacreditarlo), falta de cooperación por parte de las fuerzas militares y que “numerosos—posiblemente cientos— de casos de falsos positivos continúan en la Justicia Penal Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad”, como señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW. El informe también cuestiona el Marco Jurídico para la Paz y advierte que si se aplica dejando en en impunidad o con una condena manifiestamente inadecuada a los altos mandos involucrados con los falsos positivos, la Corte Penal Internacional podrá investigar. Finalmente, HRW le recomienda al gobierno de EE. UU., suspender su ayuda militar hasta que Colombia cumpla los requisitos en derechos humanos.
Quizás lo más aterrador es que estas denuncias no sorprenden a nadie. Más bien llegan para confirmar las sospechas colectivas: los altos mandos militares estaban enterados, y que le cambiaban a los soldados, civiles muertos por días de salida. Hace apenas unas semanas, Gobierno y Farc dijeron en La Habana que si llegase a firmarse el proceso habrá una comisión de la verdad, “imparcial, independiente y autónoma” para “esclarecer y explicar” el conflicto colombiano. Dicha comisión, bien puede ser el eje y punto de apoyo de todo el proceso de posconflicto. No habrá justicia, reparación y garantías de no repetición hasta que en Colombia se confirmen esas verdades a gritos que pasan frente a nosotros vestidas de rumores. La verdad nos hará libres (pero, primero, acabará con nosotros).
