Durante 26 días, Enrique Rodríguez Rodríguez, de 37 años, abusó sexualmente de una niña en La Macarena, Meta. Ella tan sólo tenía diez años de edad. Como gran novedad, un juez lo condenó a 19 años de prisión, pero, aunque este caso estuvo un poco más cercano a la “justicia”, la vida de esa niña no se ve reparada por el castigo del tipo, aunque eso sea lo que a la sociedad le produce más satisfacción. En Latinoamérica, el 80 % de las violaciones de menores de edad se concentra en las niñas entre los diez y los 14 años, y el 90 % de los casos implican una violación reiterada que con frecuencia termina en un embarazo que la niña no tiene manera de evitar. Expertas como la médica ecuatoriana Virginia Gómez de la Torre, una de las autoras del informe Vidas robadas, explican que muchísimas niñas en Latinoamérica, víctimas de violaciones sistemáticas, quedan embarazadas incluso antes de tener su primera menstruación. Y lo peor: que sus agresores suelen ser sus padres, abuelos, tíos, hermanos, así que muchos de esos embarazos son fruto del incesto.
No sólo eso, un embarazo en menores de 14 años es un evento traumático: las niñas tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida durante el embarazo o el parto. El riesgo de un embarazo fallido es grande y altamente peligroso para las niñas. Las posibilidades de supervivencia de los bebés que nacen de estos embarazos son mínimas. Ni siquiera una mujer adulta con un embarazo deseado debería estar obligada a asumir ese riesgo. La violencia sexual y la maternidad forzada dejan en las niñas secuelas gravísimas en su salud física y emocional, a tal punto que la segunda causa de mortalidad materna en niñas es el suicidio. Las niñas que sobreviven a todo esto se ven robadas de su niñez, maternizadas por los Estados, y suelen pasar a engrosar los cinturones de pobreza y están casi abocadas al empleo informal. Es decir: la maternidad forzada en niñas les arruina la vida a ellas, pero también nos jode a todos, es un problema de salud pública y de economía regional.
Nadie debería sufrir una maternidad forzada y por eso una de las medidas de reparación más importantes para las niñas es el acceso legal y seguro a la interrupción de un embarazo. En América Latina sólo siete países tienen prohibido el aborto de manera absoluta: Chile, El Salvador, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Surinam y Honduras. En el resto de los países de la región, todas las niñas tienen derecho a una interrupción del embarazo legal sea por causal violación o por causal salud. Que los Estados les nieguen a las niñas su derecho al aborto es tortura, es un trato cruel, inhumano, degradante y además pone en riesgo sus vidas.
La maternidad siempre es difícil, pero cuando es una decisión elegida llega a ser algo maravilloso. La maternidad forzada, en cambio, es un infierno. Un infierno que viven muchísimas niñas en nuestra región mientras nosotros hasta las felicitamos. Al naturalizar la violencia que sufren estamos siendo cómplices de un delito.
No se puede frenar el embarazo adolescente si no se les dan opciones e información de calidad y oportuna a las jóvenes de la región. Pero con el embarazo infantil la cosa es más grave. Las menores de 14 años realmente no tienen opción; ante la violencia sexual no sirve ni la educación sexual ni la abstinencia. Las niñas sobrevivientes de violencia sexual deberían tener garantizadas todas las medidas de reparación necesarias, en vez de ser maduradas biches por una sociedad y unos Estados que en realidad siempre las ven como “pequeñas mujeres”. Para muchísimas niñas de América Latina, soñar con el futuro, imaginarse un proyecto de vida, es un privilegio, y no debería ser así. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanía, que todas las niñas tengan un futuro en donde su proyecto de vida pueda hacerse realidad. ¡Son niñas, no madres! Garantizar sus derechos sexuales y reproductivos es garantizar su derecho a soñar. #NiñasNoMadres
Durante 26 días, Enrique Rodríguez Rodríguez, de 37 años, abusó sexualmente de una niña en La Macarena, Meta. Ella tan sólo tenía diez años de edad. Como gran novedad, un juez lo condenó a 19 años de prisión, pero, aunque este caso estuvo un poco más cercano a la “justicia”, la vida de esa niña no se ve reparada por el castigo del tipo, aunque eso sea lo que a la sociedad le produce más satisfacción. En Latinoamérica, el 80 % de las violaciones de menores de edad se concentra en las niñas entre los diez y los 14 años, y el 90 % de los casos implican una violación reiterada que con frecuencia termina en un embarazo que la niña no tiene manera de evitar. Expertas como la médica ecuatoriana Virginia Gómez de la Torre, una de las autoras del informe Vidas robadas, explican que muchísimas niñas en Latinoamérica, víctimas de violaciones sistemáticas, quedan embarazadas incluso antes de tener su primera menstruación. Y lo peor: que sus agresores suelen ser sus padres, abuelos, tíos, hermanos, así que muchos de esos embarazos son fruto del incesto.
No sólo eso, un embarazo en menores de 14 años es un evento traumático: las niñas tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida durante el embarazo o el parto. El riesgo de un embarazo fallido es grande y altamente peligroso para las niñas. Las posibilidades de supervivencia de los bebés que nacen de estos embarazos son mínimas. Ni siquiera una mujer adulta con un embarazo deseado debería estar obligada a asumir ese riesgo. La violencia sexual y la maternidad forzada dejan en las niñas secuelas gravísimas en su salud física y emocional, a tal punto que la segunda causa de mortalidad materna en niñas es el suicidio. Las niñas que sobreviven a todo esto se ven robadas de su niñez, maternizadas por los Estados, y suelen pasar a engrosar los cinturones de pobreza y están casi abocadas al empleo informal. Es decir: la maternidad forzada en niñas les arruina la vida a ellas, pero también nos jode a todos, es un problema de salud pública y de economía regional.
Nadie debería sufrir una maternidad forzada y por eso una de las medidas de reparación más importantes para las niñas es el acceso legal y seguro a la interrupción de un embarazo. En América Latina sólo siete países tienen prohibido el aborto de manera absoluta: Chile, El Salvador, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Surinam y Honduras. En el resto de los países de la región, todas las niñas tienen derecho a una interrupción del embarazo legal sea por causal violación o por causal salud. Que los Estados les nieguen a las niñas su derecho al aborto es tortura, es un trato cruel, inhumano, degradante y además pone en riesgo sus vidas.
La maternidad siempre es difícil, pero cuando es una decisión elegida llega a ser algo maravilloso. La maternidad forzada, en cambio, es un infierno. Un infierno que viven muchísimas niñas en nuestra región mientras nosotros hasta las felicitamos. Al naturalizar la violencia que sufren estamos siendo cómplices de un delito.
No se puede frenar el embarazo adolescente si no se les dan opciones e información de calidad y oportuna a las jóvenes de la región. Pero con el embarazo infantil la cosa es más grave. Las menores de 14 años realmente no tienen opción; ante la violencia sexual no sirve ni la educación sexual ni la abstinencia. Las niñas sobrevivientes de violencia sexual deberían tener garantizadas todas las medidas de reparación necesarias, en vez de ser maduradas biches por una sociedad y unos Estados que en realidad siempre las ven como “pequeñas mujeres”. Para muchísimas niñas de América Latina, soñar con el futuro, imaginarse un proyecto de vida, es un privilegio, y no debería ser así. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanía, que todas las niñas tengan un futuro en donde su proyecto de vida pueda hacerse realidad. ¡Son niñas, no madres! Garantizar sus derechos sexuales y reproductivos es garantizar su derecho a soñar. #NiñasNoMadres