Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Yulixa Toloza fue asesinada en una clínica estética clandestina en el sur de Bogotá la semana pasada. Toloza, de 52 años, fue reportada como desaparecida por sus amigas la semana pasada, después de hacerse una lipólisis láser en un centro estético de garaje. Luego aparecieron videos que muestran a dos hombres sacando cargada a Toloza de la clínica y metiéndola en un carro gris que unos días después apareció por Cúcuta. El cuerpo de Toloza fue encontrado cerca de Apulo el martes, y esa noche el alcalde de Bogotá declaró que su muerte fue un asesinato.
Colombia es un país de destino para cirugías, y se estima que el 35 % de los pacientes son extranjeros y que el “turismo de salud” creció un 7 % en el 2024. Pero el problema es regional. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emite alertas sanitarias por clínicas estéticas irregulares desde 2018. Han encontrado que las clínicas se anuncian en internet o mediante volantes de forma insistente e incluso agresiva. Como reportan medios como N+, “de 2018 a 2025, ha realizado 6.822 visitas para verificar clínicas y hospitales donde se ofrecen cirugías plásticas y estéticas, aplicando 1.099 suspensiones de actividades”; es decir, por cada seis clínicas, se cierra una por no cumplir con las condiciones adecuadas. Según un artículo reciente de La Jornada, en Puebla se cerraron alrededor de 300 clínicas en los últimos 10 años y en el estado solo hay 42 médicos certificados con la especialidad en cirugía plástica reconstructiva; el resto son literalmente unos matasanos. Entre las consecuencias de estas intervenciones se encuentran infecciones, necrosis de tejidos, embolias al cerebro y a los pulmones, y, muchas veces, las complicaciones aparecen meses después.
La muerte de Toloza fue un asesinato, no técnicamente un feminicidio, pero evidencia una vulnerabilidad estrechamente ligada con el género que es ineludible. Colombia está llena de clínicas estéticas clandestinas que ofrecen procedimientos baratos y peligrosos, y esto pasa en buena medida porque la demanda es alta y la regulación es poca, y mujeres de todas las edades sienten la presión de “tunearse”, como se llama ahora a estas intervenciones en redes sociales. En un tiempo decíamos que esto era parte de una “narcoestética”, pero también son las celebridades, las redes, los filtros, la ansiedad de tener un cuerpo fotografiable, al punto de que hoy estos procedimientos son tan comunes que simplemente son parte de la estética popular. Los procedimientos suelen tener algo en común: la mayoría busca una “feminización” según un estándar de belleza en el que las mujeres deben ser siempre voluptuosas y tener cintura de avispa. Por eso también, muchas veces, las víctimas de estas intervenciones son mujeres trans que no han tenido acceso a procedimientos de reafirmación de género a través del servicio de salud.
La solución a este problema requiere una acción legislativa que exija vigilancia permanente del Estado, la regulación de la venta de dispositivos médicos usados en estas intervenciones o de rellenos estéticos, y la existencia de formas claras, accesibles y confiables para que las personas puedan cerciorarse de que van a un lugar certificado. Pero en Colombia ya va una década de intentos de regulación con proyectos de ley como ¡Cirugía segura ya!, que terminan cayéndose por falta de quórum porque al Congreso el tema no le interesa. No ayuda, por supuesto, que las principales víctimas sean mujeres que, encima, son juzgadas desde la misoginia por querer una intervención estética que las reconcilie con su cuerpo.
