Hace nueve años, varios estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, viajaban a Iguala, dentro del mismo estado, para protestar. Pensaban secuestrar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México, en donde el 2 de octubre se conmemora la masacre de los estudiantes en Tlatelolco. Esta no era una práctica nueva para los normalistas y es una forma de protesta que habían usado históricamente en el estado. Tomaron cinco autobuses, pero eso solo se supo hasta hace poco, pues la historia oficial, durante años, fue que solo habían sido cuatro. Este detalle es tremendamente importante, pues durante mucho tiempo no se entendió por qué ni quiénes atacaron a los estudiantes. Se llevaron a 43, que siguen desaparecidos hasta la fecha.
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La versión oficial de ese entonces, durante el gobierno de Peña Nieto, fue que el grupo criminal Guerreros Unidos los había incinerado en un basurero, pero desde el comienzo las cuentas no daban, no había rastros de los cuerpos y el día del supuesto incendio había estado lloviendo. Parece que las autoridades plantaron un fragmento de hueso de uno de los normalistas, Alexánder Mora, en el basurero de Cocula y presentaron videos de integrantes de los grupos criminales con testimonios que afirmaban que habían incinerado los cuerpos y los habían tirado al río San Juan. Luego se descubrió que estos videos habían sido grabados bajo tortura. El director de la Procuraduría General de la Nación en ese momento, Jesús Murillo Karam, fue detenido en 2022 y Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, hoy está prófugo de la justicia por cargos de tortura y desaparición forzada.
Años más tarde, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se conformó para investigar, y que incluía a la candidata a fiscal general, Ángela Buitrago, descubrió que había un quinto autobús que la Fiscalía federal había ocultado a propósito, pues tenía un cargamento de drogas que estaban tratando de mover entre los grupos criminales y la misma policía de Iguala. Hoy decimos “fue el Estado”, pero sería aún más preciso decir que fue el narco-Estado mexicano el culpable de su desaparición.
Parecía que las cosas mejorarían con la llegada de López Obrador (AMLO). Un nuevo grupo de investigación de la Fiscalía encontró fragmentos de hueso de dos de los normalistas, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, en un lugar llamado barranca de la Carnicería, gracias a la indicación de testigos protegidos. Encontraron al menos 70 fragmentos óseos, pero solo dos tenían suficiente material genético para ser identificados. Este hallazgo terminó de resquebrajar la versión oficial.
Pero, en realidad, las cosas no mejoraron con la administración de AMLO, pues ahora insisten en que les han entregado toda la información a todos los grupos investigadores y a los padres y las madres de los normalistas, quienes a la fuerza tuvieron que convertirse en activistas para buscar a sus hijos, algo evidentemente falso, y este Gobierno insiste en criminalizar a los jóvenes para evadir la responsabilidad del Estado. Al Gobierno actual tampoco le conviene reconocer lo profundo que se ha infiltrado el narco en el Estado, y la desaparición de los 43 normalistas sigue siendo uno de los atentados a derechos humanos más grandes de la historia de México. Han pasado nueve años y no importa que muchos sospechen que los estudiantes están muertos, pero hasta que esto se confirme de forma definitiva, cada 26 de septiembre en México, la ciudadanía saldrá a las calles a gritar: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
