Nuevo protocolo para la prevención de feminicidios

El Ministerio de Justicia publicó recientemente un protocolo para evaluar el riesgo de feminicidio, que deberá usarse en comisarías de familia, fiscalías y sedes de medicina legal, para lograr que el Estado actúe oportunamente y se puedan salvar las vidas de las mujeres. Con frecuencia, las iniciativas de los Estados para la disminución de violencia basada en género son insuficientes y frustrantes. Las víctimas son ignoradas cuando denuncian, las líneas de acompañamiento muchas veces no logran materializar la ayuda, y demasiados feminicidios son una tragedia anunciada porque las autoridades no identifican las señales de riesgo a tiempo. En ese contexto, es alentador encontrarse con un modelo con tanto potencial y eso hay que celebrarlo.

Como herramienta, el protocolo es excelente. Pone en el centro casos en los que hay control económico o de la movilidad y la búsqueda de aislamiento social de la víctima; cuando hay hijos en común con el agresor o cuando hay dependencia económica. Evalúa también el perfil del agresor, si hay actitudes machistas extremas previas, volatilidad emocional, acceso a armas o abuso de sustancias. Evalúa aspectos clave como la tolerancia comunitaria a la violencia contra las mujeres en el contexto, feminicidios previos en la comunidad, factores de conflicto armado, la disponibilidad de redes de cuidados por parte de amigos o familiares o abandono de necesidades básicas. La guía incluye una entrevista semiestructurada que valora el tipo de amenazas, la historia familiar con la violencia de género, y hace énfasis en indicadores emocionales, comportamentales y no verbales. La herramienta también abre el espectro de “agresor” a otras personas que cohabitan con la víctima y con las que tiene un vínculo o relación con desigualdad de poder. Incluso tiene un apartado con consideraciones para casos entre parejas homoafectivas o cuando las víctimas son personas trans.

Eso dicho, una gran paradoja es que un documento como este muestra que el Estado sabe cuáles son los factores de riesgo, pero sigue más enfocado en la atención de la violencia que en su prevención. Por ejemplo, si es claro que las actitudes machistas del agresor son un factor de riesgo, la educación con perspectiva de género tendría que ser parte de un programa integral de prevención. Para erradicar la violencia se necesita también un cambio cultural, pues el principal obstáculo en la implementación del protocolo está en los sesgos de las personas que lo tendrán que ejecutar. Es claro que los roles de género rígidos son un contexto que facilita la violencia, pero la heteronorma en la sociedad es también la heteronorma del Estado. Si el protocolo llegara a aplicarse correctamente siempre que una mujer denuncia violencia tiene un inmenso potencial para la disminución real de los feminicidios.

El problema suele estar en la implementación. Ojalá que el esfuerzo por crear este protocolo esté respaldado por fondos, trabajo comunitario y voluntad política, para que toda la cadena de recepción y tramitación cuente con personal sensibilizado y capacitado para aplicarlo.