No es frecuente que un pequeño país como Paraguay llegue a la agenda de la prensa internacional, pero el escándalo de la semana pasada lo amerita por mucho. El presidente, Santiago Peña, un economista de pedigrí que pasó por el Fondo Monetario Internacional, que llegó al poder representando al partido Colorado y aliado con Trump, salió prácticamente a patadas del Gobierno por la estafa millonaria más grande de la historia del país.
Peña llegó a la Presidencia en 2023 y fue accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. Dicho grupo es propietario del banco digital Ueno, que creció rápidamente en Paraguay con promociones demasiado buenas para ser sostenibles, como el reintegro de un 40 % de los gastos de la tarjeta de crédito y préstamos muy laxos para ciertos empresarios vinculados con el mismo Grupo Vázquez. En tres años, Ueno llegó a tener tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, esto es el 60 % de la población adulta, y para su rápido crecimiento fue clave el espaldarazo del expresidente. Ueno también tenía 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social (encargado de las jubilaciones y la seguridad social). La semana pasada Ueno quebró, porque tenía un “índice de solvencia por debajo del 50 %”. ¿Cómo llegó a este punto? Pues, cuando Peña llegó al poder nombró en la cabeza del Banco Central a Carlos Carvallo, quien antes había liderado la Financiera Ueno. Tras la renuncia de Carvallo, Ueno fue intervenido por el Banco Central. Esta vez, la puerta giratoria puso en riesgo los ahorros de más de la mitad del país, la gente se quedó de repente sin acceso a su dinero, y las protestas en las calles fueron masivas. A Peña lo sucede Pedro Alliana, su vicepresidente, pero la gente también pide su renuncia, y ahora convocan elecciones anticipadas para el 2027. Por ley existe un fondo de garantías y gracias a esto se regresarán a los clientes del banco hasta 75 salarios mínimos, pero aún no se sabe cómo se recuperará el dinero público.
Peña intentó renunciar, pues así mantendría fuero de senador, pero la renuncia no fue aceptada y fue destituido por el Congreso. La Fiscalía le imputó cargos por “la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor” y pidió prisión preventiva, y hoy Peña es el personaje más odiado por todo un país. Para mayor enjundia, una de las hijas del presidente se tomó una foto en el gimnasio con una camiseta que decía “T. T. P. Tax The Poor” (pónganles impuestos a los pobres). Sería una cosa menor, si no fuera porque la camiseta recoge el sentimiento de una nueva élite con fortunas astronómicas que está perfectamente contenta y satisfecha con la desigualdad. Y es que buena parte de los gobiernos libertarios y neoliberales son gobiernos cuya corrupción está al servicio de enriquecer a las grandes corporaciones, aumentar la desigualdad y facilitar la explotación. No es solo que Peña sea “un ladrón” o “un inmoral”, es que representa un proyecto económico que es inviable, el equivalente político de la “necropolítica”, la “necroeconomía”, cuya máxima es: no importa quién muera mientras yo me enriquezca.