Vuelven a ser noticia los casos de violencia sexual cometidos por militares colombianos contra niñas indígenas, por una investigación para Univisión realizada por Gerardo Reyes. Según el reportaje “La seccional del Guaviare del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió cuatro denuncias de abusos sexuales de menores a la semana, según su director Joaquín Mendieta. El 20 por ciento de los embarazos de menores de edad del hospital principal de la ciudad son de indígenas, de acuerdo con estadísticas entregadas a Univisión por la Secretaría de Salud del departamento”. El reportaje, un poco amarillista, se centra en lo que pasa en la “la 40”, en donde están todos los prostíbulos y en donde muchas niñas indígenas son víctimas de explotación sexual. El reportaje es problemático porque parece culpar, en parte, a las comunidades indígenas que según sus fuentes muestran “indiferencia”, pues “si a la niña le llega la menstruación a los 10,11, 12, 13 años, ahí ya es adulta y ella puede decidir que ya es autónoma en sus decisiones”. El reportaje narra, con mucha condescendencia, la crisis que vive esta comunidad indígena y, en particular, sus niños y niñas: “los adultos están en el piso borrachos, sin conciencia. Entonces ahí entendí por qué un niño de dos añitos, tres añitos se vienen en grupo caminando hasta la ciudad que les queda a dos horas de camino, pero tienen la esperanza de encontrar en la basura algún poquito de comida”, le dijo una fuente, y es desafortunado que se presente como un problema moral o cultural a una crisis de subsistencia en esta comunidad olvidada por el resto del país.
Tras el reportaje, se anunciaron varias investigaciones disciplinarias. Por un lado, la Procuraduría investiga al director del ICBF en el Guaviare, Joaquín Mendieta Silgero, por presuntamente no haber investigado estos casos. “Al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias”, dijo la procuraduría en su comunicado. Por otro lado, se abrió una investigación previa a los militares que hicieron parte del Batallón de infantería de Selva No. 18 José Joaquín París en los últimos cuatro años, por nuevas denuncias de abuso sexual contra niñas indígenas. Es una práctica tan extendida que la Procuraduría tuvo que aclarar en su comunicado que estas son investigaciones diferentes al sonado caso de abuso por parte de un militar estadounidense contra una niña Nukak Makú (denunciado en 2019 por la Revista Raya, y que se refiere a otro batallón de infantería).
Hasta ahora, el fiscal Francisco Barbosa niega la existencia de estos casos. “Es una absoluta bellaquería que un medio se haya inventado esa información”, dijo descaradamente, a pesar de que son varias las investigaciones periodísticas, rigurosas y bien sustentadas que denuncian este problema. Ante el revuelo, el presidente Petro anunció que se formará “una comisión del Bienestar Familiar y de la Presidencia que tendrá como fin atender las denuncias”. Es lo mínimo. Pero el problema es muchísimo mayor: tiene que ver con un racismo que está en los huesos de las instituciones. La comunidad Nukak Makú enfrenta una crisis humanitaria que es directo resultado del abandono del Estado, y la explotación infantil es una de sus consecuencias más terribles.
