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El Concejo de Bogotá acaba de aprobar el “Proyecto de Acuerdo 340”, que crea lo que la impulsora del proyecto, Clara Sandoval, y sus colegas antiderechos llaman “la Ruta por la Vida”, un obstáculo extra para las personas que quieran abortar en la capital.
Según Sandoval, esto es simplemente una medida para garantizar “información completa, clara y oportuna” a las gestantes, pero eso es algo que ya se exige en las múltiples sentencias de la Corte Constitucional que reconocen al aborto en Colombia como un derecho. No es que el proyecto sea redundante: es que detrás de ese lenguaje apropiado de los movimientos de derechos humanos está una serie de zancadillas que, en la práctica, sirven para entorpecer el acceso al aborto, y por eso la “Ruta por la vida” es inconstitucional.
La ruta agrega un paso para que a las personas que quieran interrumpir un embarazo (“mujeres”, dice el documento) se les hable de la posibilidad de dar en adopción y del “derecho a la vida”, que, por supuesto, no contempla el proyecto de vida de las gestantes. De forma siniestra, la ruta propone dar “Atención a embarazos en edades tempranas [es decir, a niñas que deberían disfrutar de su niñez y no ser obligadas a parir], madres solteras [personas que quizás no quieren seguir adelante con un embarazo porque saben que no tienen las condiciones para asumir una maternidad], pacientes con antecedentes de trauma y altos riesgos sociales [es decir, personas que tienen derecho a abortar desde el 2006 gracias a la causal salud mental]”. La “Ruta [de obstáculos] por la Vida” institucionaliza —en ni más ni menos que la Secretaría de la Mujer—, un momento para manipular a mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias que han tomado la decisión de abortar y tienen el derecho de hacerlo. No estoy leyendo entre líneas: en el Artículo 2 dice que “La Administración distrital establecerá procesos para caracterizar, desde un enfoque diferencial, las condiciones físicas, psicológicas, económicas y sociales de las mujeres, especialmente aquellas en alto riesgo de recurrir a la IVE”.
Al proyecto, aprobado en plenaria por 19 concejales (del Partido Liberal, el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, la Alianza Verde, Bogotá Más Fuerte, el Partido Ecologista Colombiano y el MIRA), solo le falta la sanción de Carlos Fernando Galán, y esa será una prueba para ver si el alcalde está a favor de la Constitución y de los derechos humanos. Si el alcalde le da luz verde a la Ruta de Obstáculos, lo más probable es que tarde o temprano se caiga por inconstitucional, pero no sin antes reforzar un montón de prejuicios e instaurar prácticas de revictimización que son la principal barrera de acceso al derecho al aborto. Que un proyecto antiderechos y contrario a la Constitución progrese rampante en el Concejo de Bogotá es una alerta para la ciudadanía.
El aborto en Colombia es totalmente libre hasta la semana 24 y, en el tercer trimestre, con tres causales: salud de la persona gestante, malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y violación. Las personas que están en “riesgo de IVE”, como las llama el proyecto, son quienes más necesitan una interrupción voluntaria del embarazo, como bien señalan las siglas. Quienes quieren y necesitan un aborto, por la razón que sea, requieren atención oportuna, profesional y no revictimizante, no una “formación educativa” para ejercer una maternidad forzada, una vida que no eligieron.
