La semana pasada, Abelardo de la Espriella (ADLE) decretó levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego con salvoconducto en el país. En 2018 se expidió el Decreto 2362, que suspendía los salvoconductos, salvo condiciones extraordinarias. Desde entonces, el decreto ha sido prorrogado cada año por la presidencia. Esto quiere decir que volvemos a las mismas condiciones del Estatuto Nacional sobre Armas, Municiones y Explosivos de 1993, que incluye varios requisitos como la revisión de antecedentes penales y un certificado médico de salud psicofísica. Si bien el acceso a armas de fuego en Colombia sigue siendo mucho más limitado que en países como Estados Unidos, el impacto social del decreto de ADLE ya es observable. Por ejemplo, la página de Indumil colapsó un día después.
El argumento del gobierno es que la ciudadanía necesita defenderse, pero en ningún lugar del mundo el porte de armas ha logrado espacios más seguros; al contrario, según Amnistía Internacional, “se calcula que más de 600 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas de fuego; de estas muertes, incluidos los suicidios, dos tercios tienen lugar en sólo seis países (en orden descendente): Brasil, Estados Unidos, Venezuela, México, India y Colombia.” Que Colombia sea el sexto país en esta lista, con una población sustancialmente menor que la de los demás países, excepto Venezuela, es verdaderamente aterrador. Amnistía también señala que el 71 % de los homicidios a nivel global se cometen con un arma de fuego y que el 85 % de las armas de fuego que circulan en el mundo están en manos de particulares. El Estudio Global de Homicidios publicado por Unodc en 2023 tiene datos similares. El informe afirma que el 75 % de los homicidios registrados en 2021 se cometieron con este tipo de armas y, como explica Katherine Aguirre, “cuando se posee un arma en la casa, es doce veces más probable que el arma se use, accidental o voluntariamente, contra un miembro de la familia que contra un intruso o un ladrón”. El porte de armas tampoco desincentiva a los delincuentes; al contrario, lo normal es que ayude a escalar la violencia.
Además, el uso de armas de fuego afecta de forma desproporcional a las personas racializadas (“en 2020, el 60,9 % de las 19.995 víctimas mortales por arma de fuego en Estados Unidos eran afroamericanas”, a pesar de ser el 13 % de la población). El uso de armas de fuego también agrava la violencia de género. Según el informe “Más vida, menos armas”, publicado por Limpal Colombia, “de los 886 feminicidios registrados en Colombia en 2024, 330 fueron cometidos con armas de fuego, el 49,18 % del total”. Diana María Salcedo, la directora de esta organización, le dijo a Swiss Info que las armas no solo se usan en los feminicidios, sino que también son un mecanismo de coerción en la violencia de género: “Según lo que hemos hablado con muchas mujeres que han sido esposas, parejas, amantes o novias de personas que tienen armas, ya sea por su trabajo o porque tienen salvoconducto, refieren siempre un miedo porque saben que tiene un arma y que está dispuesto a utilizarla”.
A diferencia de las armas blancas, el único uso y propósito de las armas de fuego es hacerles daño a seres vivos, y por eso Amnistía señala que su uso es una potencial violación del derecho a la salud y del derecho a la vida (por supuesto), y de otros derechos, como el de la educación (porque hace que las escuelas sean inseguras). En un país como Colombia, donde se han cometido masacres de forma recurrente, facilitar el porte hace que tanto los espacios públicos como los privados resulten más peligrosos para las personas más vulnerables. Es una prueba más de que cuando ADLE habla de seguridad, la palabra correcta es necropolítica.