Entre las movidas del reconocido antiderechos Alejando Ordóñez como representante de Colombia en la OEA estuvo firmar la declaración del “Consenso de Ginebra”, un manifiesto antiderechos en donde al menos 30 naciones se declaran contrarias al derecho de las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias que abortan a decidir sobre sus cuerpos. La declaración está basada en cuatro pilares: “1. Una mejor salud para las mujeres, 2. La preservación de la vida humana, 3. El fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad, 4. La protección de los intereses nacionales de cada nación, es decir el derecho soberano para hacer sus propias leyes, sin presiones externas”. También afirma que el aborto no existe como derecho a nivel internacional y que por lo tanto los abortos voluntarios y seguros no deben ser financiados por dineros públicos. Entre los países firmantes estan Estados Unidos (el gobierno Trump lideró la iniciativa), Egipto, Guatemala, Haití y Brasil, y al hacerlo desconocen lo que se acordó en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos e insta a los Estados a legislar para garantizar el derecho a un aborto seguro. El Consenso de Ginebra no es vinculante y no tiene valor jurídico, pero no por eso es cosa menor, pues tiene un valor simbólico importante, es una toma de postura política que se hace en nombre del Estado.
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Por eso, que la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, la reconocida analista y académica internacionalista Laura Gil, arranque su cargo retirando a Colombia de esa declaración infame, y además afirmando que “el Gobierno de Colombia reconoce, respeta y protege los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas” y que “el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer”, es una buena noticia. Son declaraciones importantes que marcan la ruta de la Cancillería en los próximos años, y esto es clave porque Colombia, luego de Canadá, está a la vanguardia de los derechos sexuales y reproductivos en la región con la Sentencia 055 de 2022, y podría convertirse en líder en la región, sobre todo con el gran retroceso que representa para Estados Unidos que se cayera Roe v. Wade.
Colombia, como Estados Unidos hasta hace unos meses, ha obtenido grandes avances en derechos sexuales y reproductivos vía las altas Cortes, pero aún con las sentencias favorables la implementación y la garantía plena de estos derechos han sido grandes retos. Aunque las sentencias son grandes hitos, en Colombia se sostienen gracias al trabajo persistente por décadas del movimiento feminista en toda su diversidad, y es mucho lo que podemos lograr con el respaldo del Estado, ¡podríamos ser punta de lanza en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la región!
Claro que se necesita más que salirse de un acuerdo no vinculante, se necesita un esfuerzo monumental para lograr la despenalización social y ese es apenas un pasito. Queremos ver a ministerios (como Salud y Educación) con el pañuelo verde como bandera, queremos ver a congresistas respaldando al movimiento feminista por la liberalización del aborto y queremos ver a Petro con la voluntad política necesaria para que se implemente la sentencia, como nos prometió en el Debate Feminista, antes de ser elegido presidente.
