En medio de muchísimas malas noticias para los derechos de las mujeres esta semana, hay una victoria importante que tenemos que celebrar. Este lunes, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los estados de Nicaragua y Ecuador por violar los derechos humanos de tres niñas que fueron víctimas de maternidad forzada y que, en 2019, ya como adultas, comenzaron un litigio estratégico respaldadas por una decena de organizaciones feministas de la región.
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Las historias de Norma, Lucía y Susana son, por supuesto, desgarradoras. Norma era víctima de abuso sexual por parte de su padre. El agresor escapó y luego murió sin haber sido juzgado. Lucía era solista en el coro de la iglesia en Nicaragua y allí conoció a su agresor, el sacerdote que dirigía el coro. Susana vivía con su abuela y su abuelo que la abusaba. Cuando ella y su abuela descubrieron su embarazo intentaron denunciar al agresor y nunca les hicieron caso. Las tres quedaron embarazadas a la corta edad de 13 años, intentaron abortar y sistemáticamente les negaron ese derecho. A Norma, a Lucía y a Susana las obligaron a llevar esos embarazos a término a pesar de los graves peligros a su salud física y mental (pues varias tuvieron ideaciones suicidas); las obligaron a parir, las forzaron a maternar.
Las decisiones del Comité son de obligatorio cumplimiento, y exigen medidas de reparación y de no repetición, que no solo atañen a Nicaragua y Ecuador, sino que aplican para más de 170 países que han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, que el derecho al aborto debe ser garantizado por los Estados, especialmente en casos que implican una gran afectación emocional y que ponen en juego la salud y la vida de la persona embarazada. Las medidas históricas del Comité también incluyen la exigencia a los Estados de emprender acciones en contra de la violencia sexual, y aplicar medidas de reparación individual como “la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas”.
El movimiento Niñas No Madres, que conecta a organizaciones y activistas feministas de toda la región, explica que “por primera vez, el Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna”. Niñas No Madres también nos recuerda unas cifras intolerables: “Alrededor del 20 % de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos de los casos se trata de violaciones repetidas. Se estima que el 80 % de las violaciones en América Latina y el Caribe tienen como víctima a una niña de entre 10 y 14 años”.
Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo para las niñas, pero no tiene que serlo. El esfuerzo conjunto detrás de este litigio es testimonio de que hay muchas personas valientes y comprometidas con nuestros derechos. Empezando por Norma, Susana y Lucía, a quienes hombres que debían protegerlas les negaron su adolescencia, y los Estados les dieron la espalda, y a pesar de eso comenzaron hace seis años esta lucha por las vidas y sueños de las niñas de Latinoamérica.
