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El fin de semana pasado, las redes sociales se llenaron del rumor de que el lunes alguien publicaría un video que “acabaría con la carrera política de Petro”. Se especuló que era un video con contenido sexual, que sería divulgado sin el consentimiento de las partes involucradas, lo cual es una forma de violencia sexual que sí ha acabado con la carrera profesional de actrices y modelos en Colombia. Jamás a un hombre. Pero supuestamente este video sería diferente, pues, según el rumor, el video contenía una terrible violación a la masculinidad hegemónica: que Petro estaba travestido.
Finalmente las insistentes amenazas terminaron siendo un chorro de babas. Lo más lógico es que el video no exista, porque no había razón para no cumplir con la amenaza. Hubo muchas especulaciones sobre el origen del rumor, algunas personas pensaron que era una “cortina de humo” planeada por la campaña del Pacto Histórico para enterrar el escándalo sobre el supuesto “Pacto de la Picota”, otras personas que era una campaña de la derecha para desprestigiar al candidato, aprovechando rumores que circulan hace más de una década. Lo que la estrategia sí logró claramente fue poner esa imagen de Petro travestido en el imaginario del electorado colombiano.
Es interesante que esto se enmarcara como algo que puede “acabar” con la carrera política del candidato, pues ponerse un vestido no es algo ilegal, hace parte del libre desarrollo de la personalidad, y si acaso, lo que sí es entre cuestionable e ilegal (dependiendo del contenido exacto del video) es la divulgación sin consentimiento. Para muchas personas, entre ellas feministas y comunidad LGBTIQ+, que un candidato presidencial que es un hombre cis, se vista de mujer, no tiene absolutamente nada de malo, y al contrario, querríamos que más candidates a cargos públicos sean personas que se desmarcan del sistema binario de géneros. Particularmente necesitamos personas trans, no binarias, travestis e intersex en cargos públicos pues tenemos una deuda histórica con su participación política. Pero, lastimosamente, si se dijo que un video así arruinaría la carrera del candidato es porque la mayoría de las personas en Colombia son homofóbicas y transfóbicas, y para esas personas que un hombre se vista de mujer es peor a que cometa un delito. Ni la ley es tan poderosa como el Patriarcado.
De este amague de escándalo también ha derivado una conversación sobre qué hace y qué no hace parte de la vida pública de las y los candidatos. Hay muchas formas de violencia machista que no necesariamente son delitos como el abuso emocional a personas de su familia, el abuso laboral a subalternos, incumplimientos de pactos con sus parejas, abandono de hijos o hijas y otras faltas éticas, que hablan del carácter de un candidato a la Presidencia. Hay detalles de la salud, como el contagio de una ETS, que no tendrían que ser de conocimiento público pues de ninguna manera afectan las funciones de una persona que ejerce el cargo de presidente, y otras que sí son relevantes particularmente si llegan a ser incapacitantes física o mentalmente. Sí es cierto que cuando alguien se lanza a la Presidencia el umbral de lo que está protegido por la vida privada se hace más pequeño, pero estamos igual hablando de personas, la vida privada sigue existiendo y las prácticas sexuales consensuadas entre adultos deberían ser irrelevantes en una contienda electoral.
Aunque el video no exista, el impacto de este escándalo no se debe subestimar. La homofobia y la transfobia son motivaciones para el electorado, eso es algo que pudimos confirmar con la infame campaña de la ficticia “ideología de género” que sirvió para promover el voto por el No en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz. Es una realidad preocupante pues habla de un sector del electorado al que no le importa vulnerar los derechos de toda una comunidad.
