Durante la pasada campaña presidencial, hubo medios que delimitaron las identidades de los candidatos de formas arbitrarias e injustas. Las portadas que dividían la disputa electoral entre ‘un guerrillero’ y ‘un ingeniero’ fueron uno de los marcos más eficaces para deslegitimar a Petro, reforzando la idea de que su pasado lo hacía, inevitablemente, un criminal. ¿La razón? En Colombia, sobre todo desde las narrativas mediáticas e institucionales, la palabra ‘guerrillero’ evoca crimen, a secas, sin propósito ni ideología. Muy distinto al caso de figuras como Pepe Mujica en Uruguay, donde su trayectoria insurgente en los Tupamaros no borró automáticamente su legitimidad política.
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Sin duda, la asociación entre guerrillero y criminal es el resultado de años de disputas discursivas, en las que sucesivos gobiernos han insistido en caracterizar a la guerrilla como terrorismo, narcotráfico o, más recientemente, una fusión de ambos: el narcoterrorismo. Este mismo marco fue luego aplicado a los grupos paramilitares y, hoy en día, se utiliza de manera indiscriminada para etiquetar a cualquier actor armado. En una entrevista reciente, el presidente Gustavo Petro afirmó sobre los grupos armados que hoy atacan zonas como el Catatumbo: “Son netamente narcotraficantes… todos esos son traquetos”.
Me llamó la atención que alguien que durante años ha sido víctima del marco impuesto por la retórica institucional termine recurriendo a un lenguaje muy similar. No porque yo niegue que estos grupos han cometido acciones narcoterroristas, sino porque Petro emplea un tono más cercano al de Uribe o Santos que al que él mismo suele reivindicar. Y aunque el presidente podría argumentar que en su época el contexto era distinto, que él forma parte de “esos viejos” a los que reconoce como excepción, lo cierto es que muchos miembros actuales del ELN o de las disidencias de las FARC probablemente no se identifican como narcotraficantes, del mismo modo en que el M-19 seguramente tampoco lo hizo en su momento.
Pensé en esto mientras leía Framing a Revolution de Rachel Schmidt. En este libro, la autora canadiense analiza cómo distintos actores del conflicto colombiano narran su historia. A través de entrevistas con excombatientes y funcionarios, Schmidt muestra que los marcos no son descripciones neutrales: son herramientas de poder que configuran cómo se entienden la guerra, la justicia y la reconciliación. Muchos exguerrilleros, por ejemplo, rechazan ser llamados “desmovilizados” y prefieren “reincorporados”, porque sienten que no se rindieron, sino que negociaron.
Schmidt también señala cómo el término “narcoterrorista”, impulsado por el Estado desde los noventa y reforzado en el contexto del Plan Colombia, despojó a la insurgencia de toda dimensión política. Con los terroristas no se dialoga: se les combate. Ese marco le sirvió al Estado para obtener apoyo internacional, pero al costo de clausurar rutas de solución negociada. El problema es que, una vez instalados por conveniencia, estos marcos se vuelven normativos. En el imaginario público, todos los armados son traquetos, todos los excombatientes son iguales.
Pero el descuido de Petro con el lenguaje va en contra de la propia esencia de su proyecto político. En otros momentos, ha denunciado con razón la falla del Estado al calificar como “vándalos” a los manifestantes o a los indígenas como aliados de narcos. Pero cuando adopta el mismo tipo de marco discursivo, independientemente de los hechos, refuerza una inercia peligrosa: la tendencia del Estado a reducir toda incomodidad, toda protesta, toda disidencia a fenómeno criminal, borrando las motivaciones sociales, territoriales y políticas que, aunque incómodas, siguen presentes. Si algo ha sido novedoso de este gobierno es su preocupación por cambiar el discurso del establecimiento, pero la fuerza del poder, al aparecer, tiene sus mañas y aplaca más de lo que nos imaginaríamos las divergencias ideológicas.
