En mi clase sobre libertad de expresión discutimos casos hipotéticos para que los estudiantes establezcan si hay o no censura. De todos los casos, hay uno que siempre los despierta y los arroja a la discusión: “Un secretario decide que la alcaldía solo pautará en aquellos medios de difusión nacional que hacen un cubrimiento justo y balanceado del gobierno local”.
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El caso tiene varios ángulos: ¿tienen los funcionarios del gobierno el mismo estatus de un privado que decide o no pautar en algún medio? ¿Da igual si hablamos de medios privados o públicos? ¿Cuál es la labor de los medios públicos en relación con los gobiernos? Y, por supuesto, ¿cómo se determina lo que es un cubrimiento justo y balanceado? No en vano, los estudiantes siempre encuentran un lado por el cual participar.
Por lo general, mantengo la discusión en abstracto. Me interesa que aprendan a formular argumentos generales. Sin embargo, en mi cabeza no deja de aparecer una lista de todos los casos concretos. El último, un ejemplo fresco ofrecido por la política local: el debate de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga en TRO, el canal de televisión abierta de la región. El lío comenzó porque no asistió el candidato y pastor Jaime Andrés Beltrán, pero cuando se suspendía el debate para dar espacio a los comerciales, aparecía su pauta.
Así narrado, un gesto inocuo. Pero el asunto, en la práctica, dejó una sospecha complicada. Como lo dijeron respectivamente Consuelo Ordóñez y Horacio José Serpa, otros de los candidatos a la Alcaldía, “fue evidente la parcialidad del canal a favor de un candidato (Beltrán)” pues “más de la mitad de la pauta en los cortes comerciales era del mismo pastor”. Esto hizo que, en el espacio del debate, Beltrán tuviera más tiempo al aire que cualquier otro candidato. ¿Hecha la regla, hecha la trampa? Habilidad electoral, dirán unos. Pero la cosa se complica. Como lo recordaron los otros candidatos, la Gobernación de Santander tiene un asiento en la junta directiva de TRO. Un hecho que, si se une a los rumores de apoyo del gobernador Mauricio Aguilar al pastor, nos deja un muy mal sabor.
Este es justo el asunto que quisiera tratar: la percepción cada vez más generalizada de que los medios públicos no son públicos, sino de los gobiernos de turno. En la página de RTVC se afirma que “lo que hace a un medio público no es que pertenezca a instituciones del Estado, sino hacia quién se dirigen sus contenidos”. De ahí, la importancia del tipo de contenidos y de la transparencia en su escogencia. Pero infortunadamente ya son muchos los casos que le dan a entender a la ciudadanía lo contrario.
Pareciera que lo que importa son las decisiones arbitrarias de quien gobierna y los intereses y caprichos de sus subalternos, no un principio general de intereses y bien común. Recordemos la censura al periodista Santiago Rivas, de Los puros criollos, hace unos años, cuando quisieron “matar su producción”. O la reciente arbitrariedad de RTVC hacia La No Ficción, cuando las nuevas directivas de la entidad pública decidieron echarse para atrás en un contrato de palabra, pues según ellas el contenido del pódcast que se iba a producir ya “no se ajustaba a la misión de la entidad”.
Es difícil no ver, desde la Presidencia hacia abajo, que sólo hay espíritu de gobierno y nada de Estado. Un espíritu que se traduce en ver quién logra poner a quién. Mal parados quedan nuestros gobernantes, pero mal parados quedamos también nosotros, que ya ni nos ofuscamos porque los canales que financiamos con nuestro esfuerzo se usen en contra de nuestra democracia. Muchos pensarán: “Bueno, un festín político más”, pero que quede claro que los medios de comunicación, si se vuelven “festín”, serán uno particularmente peligroso y desestabilizador.
