Septiembre nos ha recordado de una manera cruel que el Estado existe. Al tiempo que llega el pico de temporada de declaración de renta, han aparecido varias noticias mostrándonos que esa plata entra a un búnker sin reglas.
El 2 de septiembre, la Contraloría de Bogotá informó que una obra vial en Ciudad Bolívar había sido contratada dos veces, había recibido más de 977 millones de pesos y seguía inconclusa. Dos semanas después, la misma entidad estableció un hallazgo fiscal por 6.643 millones de pesos en un contrato para comprar siete máquinas de bomberos que no se entregaron dentro del plazo. El 4 de septiembre, la nueva directora de Prosperidad Social anunció que estaba revisando contratos y donaciones que calificó de dudosas y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios con soportes que se debían verificar.
Dos días después, la Procuraduría formuló cargos contra dos exdirectivos de Empoaguas por irregularidades en un proyecto de más de 30.000 millones de pesos destinado a llevar agua potable a 88 colegios rurales de San José del Guaviare. El 9 de septiembre abrió otra investigación por una caseta comunal de 283 millones de pesos, terminada desde 2022 pero que no había podido utilizarse porque no tenía agua ni energía. Y la semana pasada conocimos el expediente con el que la Corte Suprema acusó al senador Didier Lobo por irregularidades en un contrato de 15.295 millones de pesos para alimentar a niños con desnutrición y madres lactantes. Según la investigación, los precios inflados habrían producido un detrimento superior a mil millones de pesos.
Todo lo anterior mientras hace dos días anunciaban una reforma tributaria para Bogotá.
Y así, entre escándalos de corrupción, los ciudadanos vamos reuniendo certificados, buscando extractos, preguntando qué podemos descontar y qué no, lidiando con la plataforma de la DIAN y oyendo una y otra vez la frase: “El problema es ser asalariado”. ¿Cuál problema? El “problema” parece ser la precisión con la que se nos exige justificar cada peso. Pero es sobre todo otro, es estar con el estrés preventivo producido por las posibles multas amenazantes de la DIAN al tiempo que se lee sobre miles de millones de pesos públicos robados y perdidos.
Con esto no quiero sugerir que no se deba pagar impuestos. Ni entrar en ese sonsonete de “se roban todo”. El punto es que pagar impuestos no se puede volver un acto de fe como el aporte a pensión para mi generación. El discurso que se debe cambiar es que estamos ante un contrato desigual en el que una de las partes puede demostrar con extraordinaria eficacia cuánto debe la otra, mientras que le cuesta cada vez más demostrar qué hizo con lo que recibió.
Hay algo desconcertante en la precisión con la que el Estado mide la plata antes de recibirla y la imprecisión con la que parece seguirla después. Para declarar renta importan los pesos, las fechas, los topes, las UVT, los certificados, una deducción mal puesta, un ingreso que alguien más ya reportó. Cada cifra está iluminada por un reflector que hace que cualquier error dé ansiedad incluso antes de que se cometa. Pero una vez ese dinero cruza al otro lado y entra a las arcas públicas, la contabilidad que llega a los titulares parece bastante menos milimétrica: contratos que se pagan y no se terminan, sobrecostos que aparecen después, plata pública cuyo recorrido hay que rastrear años más tarde.