EL PASADO MARTES, CRISTINA FERnández, presidenta argentina, promulgó la norma contra la trata de personas.
Allí, anunció la prohibición del rubro 59 (en Argentina, directorio de prostitutas) eliminando la publicación de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. Según la mandataria es contradictorio que los periódicos pidan al gobierno que luche contra el tráfico de personas y, al tiempo, publiquen avisos en las páginas comerciales.
Lo que la gobernante no ha tenido en cuenta es que, actualmente, la difusión de la información está desbordada por internet, en donde diariamente aparecen ofertas de prostitución en páginas y redes sociales.
En Argentina, como en Colombia, este delito ha ido creciendo a través de las mafias que dominan el mercado sexual. Aquí, a pesar de que existe el Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas y de que la ley 985 de 2005 fija penas de entre 13 y 23 años a quienes capten personas con fines de explotación, todavía falta fomentar campañas más asiduas en los medios que realmente contribuyan a disminuir este flagelo.
Éstas deben incluir no sólo anuncios publicitarios contra la trata de personas, sino sobre la circulación de información de falsos anuncios para la contratación de personas por organizaciones criminales, en donde se simulen distintas situaciones a las que se enfrentan las víctimas. Los anuncios deberían ser obligatorios, frecuentes y su distribución masiva en medios electrónicos y de transporte.
Es necesario que los esfuerzos institucionales vayan enfocándose a sacar estadísticas sobre el delito que permitan el seguimiento de casos puntuales, además de campañas masivas contra este flagelo, de forma que parezca más una política pública y no, como en el caso argentino, un ensañe contra medios como el Clarín, quienes obtienen una suma de 12.9 millones de pesos argentinos anuales (aproximadamente 5.550 millones colombianos) por cuenta de este rubro.
EL PASADO MARTES, CRISTINA FERnández, presidenta argentina, promulgó la norma contra la trata de personas.
Allí, anunció la prohibición del rubro 59 (en Argentina, directorio de prostitutas) eliminando la publicación de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. Según la mandataria es contradictorio que los periódicos pidan al gobierno que luche contra el tráfico de personas y, al tiempo, publiquen avisos en las páginas comerciales.
Lo que la gobernante no ha tenido en cuenta es que, actualmente, la difusión de la información está desbordada por internet, en donde diariamente aparecen ofertas de prostitución en páginas y redes sociales.
En Argentina, como en Colombia, este delito ha ido creciendo a través de las mafias que dominan el mercado sexual. Aquí, a pesar de que existe el Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas y de que la ley 985 de 2005 fija penas de entre 13 y 23 años a quienes capten personas con fines de explotación, todavía falta fomentar campañas más asiduas en los medios que realmente contribuyan a disminuir este flagelo.
Éstas deben incluir no sólo anuncios publicitarios contra la trata de personas, sino sobre la circulación de información de falsos anuncios para la contratación de personas por organizaciones criminales, en donde se simulen distintas situaciones a las que se enfrentan las víctimas. Los anuncios deberían ser obligatorios, frecuentes y su distribución masiva en medios electrónicos y de transporte.
Es necesario que los esfuerzos institucionales vayan enfocándose a sacar estadísticas sobre el delito que permitan el seguimiento de casos puntuales, además de campañas masivas contra este flagelo, de forma que parezca más una política pública y no, como en el caso argentino, un ensañe contra medios como el Clarín, quienes obtienen una suma de 12.9 millones de pesos argentinos anuales (aproximadamente 5.550 millones colombianos) por cuenta de este rubro.