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Nadie pasa la frontera después de mí

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Catalina Uribe Rincón
03 de abril de 2014 - 04:00 a. m.
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Después de que el Consejo de Estado dejara en firme la destitución del exalcalde Gustavo Petro, la discusión sobre las limitaciones —o mejor, la ausencia de limitaciones— de la Procuraduría ha obtenido un nuevo impulso.

 La decisión del mismo Consejo de Estado de tumbar la sanción disciplinaria que había impuesto el Ministerio Público contra el exalcalde Alonso Salazar ha ayudado a revivir la discusión, al igual que la decisión de la Corte Constitucional de estudiar la tutela interpuesta al procurador por violar la intimidad de parejas del mismo sexo al pedir todos los datos personales de quienes se han atrevido a hacer la solicitud de matrimonio.

Que el procurador tenga la potestad, sin más, de destituir funcionarios elegidos popularmente y que ponga sus creencias religiosas por encima de su deber público son cosas que una amplia fracción de la opinión pública tiene problemas para aceptar. Finalmente, la estabilidad de una democracia depende de la división de los poderes, y la porción de la Procuraduría es, indiscutiblemente, mayor.

¡La buena noticia es que Alejandro Ordóñez acaba de entrar en razón! Por un “repentino” amor a la justicia y a la equidad de las instituciones ha decidido presentar ante el Congreso unas modificaciones al régimen disciplinario. Él, tan considerado, acaba de caer en cuenta de que la creación de una comisión ad hoc que vigile a los congresistas puede ser más sensata que la idea de que el mismo procurador sancione a quienes lo pusieron en su cargo.

¿Por qué este repentino cambio? ¿Será que le da susto que sus posibles aspiraciones presidenciales para 2018 se vean opacadas porque sus sucesores quieran imitarlo? ¿Será que está actuando como el migrante latino que pasa la frontera gringa y después vota por las leyes antimigratorias? Yo había oído que José Obdulio Gaviria era un fiel seguidor de Maquiavelo, pero parece que hay uno más fanático (en todos los sentidos).

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