Después de que leí hace unos días que Víctor Maldonado, el principal inversionista del Fondo Premium, dijo a la revista Semana que él no era un delincuente, no pude evitar pensar en otros casos similares.
El primero que se me vino a la mente fue cuando unos meses atrás Pablo Catatumbo, uno de los líderes de las Farc, leyó una declaración en la que sostiene que a los guerrilleros no se les puede tratar como delincuentes comunes, pues “a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento que se ha diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo”.
Me acordé también de “El Club”, la última película de Pablo Larraín. En esta cinta se recrea la historia de unos sacerdotes chilenos recluidos en una casa de retiro por estar acusados, entre otras cosas, de pedofilia y de hurto de bebés. Lo curioso de la película es la distorsión entre los delitos cometidos y lo que piensan los curas que fue su falta. Una historia que, valga la pena anotar, no se aleja mucho de la realidad actual con respecto a los crímenes históricos de la Iglesia y su perpetua negación.
Un delincuente es aquel que comete un delito; y un delito, según el diccionario, está asociado con el quebrantamiento de la ley o con una acción o cosa reprochable. La realidad nunca es tan clara como el diccionario, pero tampoco tan oscura como para que los conceptos se difuminen. De cualquier forma, más allá de la distorsión entre moralidad y legalidad, la pregunta que debemos hacernos, volviendo al caso de Maldonado, es por qué los acusados de estafa o de captar dinero público no se consideran delincuentes. La respuesta, al parecer, es una de dos: o los estafadores son unos sociópatas como los “curitas” de la película de Larraín, o, como diría Ítalo Calvino en unos de sus cuentos, vivimos en un país de ladrones donde, al final, “ya no se hablaba de robar o de ser robados, sino sólo de ricos o de pobres; y sin embargo, todos seguían siendo ladrones”.
