“Aquí una procuradora dice que no puedo ir a la marcha convocada por los trabajadores. Miren qué pasa en EE. UU.”, dijo Petro esta semana. Algo que, digámoslo, es “gracioso, pero no de risa sino de raro”, como dice el meme. El presidente Petro se compara con Estados Unidos para lo que le conviene y para lo que no construye su identidad de antiyanqui revolucionario. En cualquier caso, el problema no es a dónde puede ir el presidente ni si se parece a Biden. El lío está en que durante varios días nos tocó como ciudadanos oír a los ministros y otros funcionarios del Gobierno instar desde el poder de sus cargos a “llenar las calles”.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Y así el presidente use sus artimañas discursivas para negar que estaba haciéndole propaganda a la campaña de Gustavo Bolívar, así trate de compararse con otros presidentes para demostrar que convocar protestas desde el Gobierno no es atípico, la realidad es claramente otra. Son pocos los colombianos que creerían que este es un mero aval a la protesta y no una marcha propagandística organizada por el mismo Gobierno. ¿Es ilegal? No creo que sea el punto. El problema “estructural”, para ponerlo en uno de los términos favoritos de Petro, es que este hábito del Gobierno de convocar y convocar no solo banaliza la protesta, sino que arriesga deslegitimar la voz de la ciudadanía. Me explico.
La protesta es necesaria para la democracia, pues presiona para alterar las agendas del poder e iniciar nuevos debates, para darles voz a quienes han estado excluidos y para lograr cambios reales en políticas públicas, posturas gubernamentales o el statu quo. Ese cambio al que aspiran quienes protestan casi nunca es inmediato. Cuando hay protestas sostenidas, como la Marcha de las Mujeres, Black Lives Matter o el Día del Orgullo Gay, pasan años antes de que los cambios se vean. Se trata de hacer algo porque es lo correcto, porque se siente la obligación moral, pero inmediatamente lo único que tiende a cambiar es el espíritu de los mismos protestantes, para quienes su ciudadanía se consolida.
Aun así, en su tiempo, el cambio llega. A veces toca esperar generaciones, pero los parámetros de las discusiones se van alterando. Hoy en día sigue habiendo sexismo, racismo y homofobia, pero del Estado democrático ya se exige y se espera protección por sexo, raza y orientación sexual. Como lo afirma la profesora Zeynep Tufekci, “a largo plazo, las protestas funcionan porque pueden socavar el pilar más importante del poder: la legitimidad”. Por ejemplo, las protestas de Black Lives Matter lograron quitarle legitimidad a un Estado que ataca de manera injustificada y desproporcionada a su población negra. ¿Todo es hoy maravilloso? No, pero el consenso se actualizó en su humanidad y ahora la policía sabe que la ciudadanía pondrá resistencia si se abusa de ella.
¿Cuál es el problema de que las protestas en Colombia no se hagan contra el poder sino desde el poder? Pues que lo que se va deslegitimando es la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? Esa masa diversa y heterogénea de gentes que no se conocen (pero que de alguna forma se reconocen) y que guardan en su agregado el poder soberano. Cuando Petro dice: “El pueblo son los que me apoyan”, socava el poder de los que disienten, toma su voz y dice: “Pondré resistencia (pero con todo el cuerpo del Estado)”. Es difícil no ver que la herramienta que tiene el pueblo para deslegitimar al poder la está usando el poder para deslegitimar al pueblo. Y, de paso, lo está amenazando.
