Agua robada

En el sur de La Guajira sí hay agua, pero no abastece a las comunidades sedientas porque se la roban. El Embalse El Cercado, ubicado en el municipio de Distracción, se nutre del río Ranchería; tiene un acopio de 198 millones de metros cúbicos que, a manera de comparación, es una magnitud equivalente a Chingaza, que recoge 220 millones de metros cúbicos. El caudal de El Cercado es suficiente para dar de beber a todo el departamento, si existieran la infraestructura para la distribución a la media y alta Guajira.

Desde la planta de potabilización de Metesusto (lugar con uno de los nombres más bonitos de Colombia), hay una línea de conducción de agua que termina en el municipio de Hato Nuevo, de aproximadamente 40 kilómetros. Y de manera inverosímil, a Hato Nuevo llega muy poca y en ocasiones no llega nada de agua.

A lo largo de la conducción, los dueños de los predios colindantes perforan la red para regar sus cultivos y también llenar sus piscinas. Y no son precisamente pequeñas parcelas ni comunidades vulnerables las que comenten estos abusos a los ojos de todos. También se aprovechan de la situación las pandillas dedicadas a llenar carrotanques con agua robada para venderla en diferentes comunidades acosadas por la necesidad y la ausencia del servicio público. Exactamente lo mismo sucede en las redes que abastecen de agua a Riohacha.

Esta es una discusión incómoda que La Guajira lleva muchos años sin encarar, y son las autoridades y lideres locales quienes tienen la oportunidad de resolver el problema. La gobernación, las alcaldías, la policía, el ejército, la fiscalía, las empresas de servicios públicos y por supuesto los vecinos y las comunidades podrían de manera coordinada tomar la decisión de detener el robo de agua.

En este engranaje de gobernanza varios son los desentendidos y, tengo que decirlo, la policía y las alcaldías podrían hacer mucho más. Los esfuerzos solitarios de los operarios que en terreno se dedican a eliminar las conexiones fraudulentas, además de ponerlos en peligro pues ya han recibido amenazas, tiene poco impacto, y más se demoran ellos en desconectar que los ladrones en volver a instalar las mangueras en sus fincas.

El principal robo de agua se destina a actividades agropecuarias con un agravante: el agua robada es potable y, por lo tanto, contiene cloro, elemento que en el largo plazo produce la degradación de las tierras. Y como el agua robada no cuesta, el desperdicio es inmenso.

Un escenario interesante de concertación podría consistir en invertir en una línea de agua cruda, sin procesar y destinada a labores agrícolas, donde se establezcan cuotas, tarifas y controles. Esa medida permitiría liberar cantidades considerables de agua para el consumo humano, como debe ser la prioridad.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, tiene la magnífica oportunidad de asumir el liderazgo para poner la casa en orden y contará para este propósito, sin duda, con el apoyo de todas las instituciones.