En días pasados conversaba con el gobernador de San Andrés y Providencia sobre los avances del proyecto de alcantarillado pluvial, la necesidad más apremiante de la isla. Cada vez que llueve, la zona comercial y turística se inunda y los barrios ven correr ríos de lodo, hasta el punto de que los vecinos han construido muros de un metro de altura alrededor de sus casas, los cuales deben saltar a diario para acceder. Esto gobierno lo ha impulsado decididamente -en equipo con el gobernador Gallardo- a lo largo de la jungla institucional de la nación para superar las dificultades financieras, técnicas y jurídicas, pero aún le faltan varios años a los sanandresanos para ver el problema resuelto. Como este ejemplo hay mil, y así las cosas, ¿todavía hay gente que sigue defendiendo el centralismo en este país?
Tienen toda la razón los alcaldes y gobernadores cuando reclaman la autonomía consagrada en la Constitución y señalan que están cansados de vivir pedaleando ante el gobierno nacional cada peso de inversión. Cara dura tienen además los que dicen que descentralizar es abrir la puerta a la corrupción pues no hay instancia ni partido político de este país que haya sido capaz de garantizar la decencia.
Un gobierno nacional dedicado a ejecutar obras de carácter local es lento por la naturaleza de las instituciones y la realidad política. Si todo funciona bien el gobierno nacional apoya técnicamente a los territorios más débiles, pero aun así los procedimientos de presupuestación, estructuración técnica y contratación demoran meses e incluso años. Cuando todo funciona mal y una dependencia del gobierno nacional dispone recursos para ejecución local, la decisión del lugar donde se invierte responde a un interés político y la decisión del contratista que lo ejecuta responde a un interés económico, y cada gestor y cada intermediario se convierten en un peaje. Y súmele a eso que los que no son amigos del gobierno de turno se quedan sin nada, como le sucedió al departamento del Magdalena en el gobierno de Duque. La realidad nos evidencia que bajo el régimen centralista se cosechan todos los vicios de la política a costa de las necesidades básicas de la población. Se nos está olvidando que las comunidades sufren y que el Estado no soluciona, y que hoy los recursos públicos se quedan atorados a la espera de un comité y de una firma en un escritorio anónimo de la fría Bogotá. Las razones para el malestar son incontrovertibles y es posible que los que se oponen a la descentralización más bien se oponen a quedar por fuera del baile. Colombia es un país de regiones y los alcaldes y gobernadores han sido elegidos, lo que hace mas que justo y legítimo que reclamen la capacidad y los recursos para actuar. Que lo hagan y que respondan.
La difícil coyuntura fiscal causada por el coletazo de la pandemia y el irresponsable endeudamiento que recibió el presidente Petro no son eternos. La economía se estabiliza y se honran las deudas; en buena hora se debate en el Congreso sobre un régimen de distribución del SGP que profundice el propósito de nivelar la cancha de la pobreza y la exclusión en Colombia.
Por Catalina Velasco Campuzano
