“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaré al frente de los operativos (…) y lo haré portando y usando, de ser necesario (…) las armas legítimas de la República”: De la Espriella. El presidente se jacta de ordenar despliegues militares y policiales; y, también, de que dirigirá esa tarea con pistola en la cintura, lo que implica, en su simbología, que la activará cuando lo crea “necesario”. Su mensaje, fuerte y claro, es de combate y muerte. Ambas fases, combate y muerte, son deberes del Estado, siempre que se realicen en el marco de la Carta Política y del Derecho Internacional Humanitario. Por fuera de esas normas, constituyen acciones criminales iguales a aquellas que pretende derrotar: ejecuciones que no respetan la ley ni la justicia. Por eso se les llama extrajudiciales. O falsos positivos, como los de la época uribista. Pues bueno –o, mejor expresado, pues malo–: en este territorio salvaje y primitivo que es Colombia, no se puede empujar el gatillo sin una herramienta de bloqueo que lo inmovilice ante el impulso desbordado de algunos uniformados cuando saben que tienen respaldo oficial absoluto. Pues bueno –o, mejor expresado, pues malo–: en este escaso mes y medio largo del nuevo Gobierno ya surgieron tres denuncias creíbles –por cuanto hay detalles precisos de tiempo, modo, lugar e identidades–, sobre posibles falsos positivos del Ejército y la Policía: un joven campesino de 18 años; un joven citadino, de 34; y un vecino de vereda, cuyo cuerpo, levantado por los militares, no aparece.
El adolescente del campo se llamaba Ricardo Andrés Martínez. Perdió su corta vida el lunes 21 de septiembre durante el operativo de la Policía en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tenía como objeto dar con el paradero de alias Cholo, el segundo al mando de la estructura ilegal que paralizó el puerto caribeño durante tres días. Entre las bolsas con cadáveres que tanto le place exhibir al presidente, había una con los restos de Ricardo Andrés. El llanto de Marelvis, su madre, y su imagen doblada de dolor, fue replicada en múltiples videos. Ella no se ocultó para gritar quién era Ricardo: un chico que vivía de un salario diario que le daban en las fincas cercanas. No solo Marelvis puso la cara; también lo hicieron sus otros hijos, su hermano, y sus vecinos. Todos dieron fe de que Ricardo vivía con Marelvis y de que jornaleaba para apoyarla (ver). Mientras tanto, unas cuentas digitales sospechosas divulgaron una falsa foto del joven con fusil y con el mensaje de que era el hijo de “Pinocho” el líder de las ACSN. El montaje era tan ominoso, que el ministerio de Defensa publicó un comunicado en que aclaraba que ninguna fuente oficial había sugerido tal nexo. Sobre la verdadera identidad del chico campesino, ni una palabra.
El joven citadino era afrodescendiente y vivía en las goteras de Bogotá. Su nombre era Donovan Balanta. Murió el domingo 20 de septiembre durante o después de una golpiza propinada por policías, cuando ya había sido reducido por ellos. Donovan estaba en el piso y sin posibilidades de constituirse en peligro para nadie. Sin embargo, le aplicaron varias descargas eléctricas con táser, arma que se usa contra detenidos amenazantes. No hay forma de mentir: la conducta reprensible de los agentes fue registrada en videos hechos por los vecinos de Donovan, a quien conocían como un trabajador pacífico, padre de dos niños (ver). El vecino de vereda, habitante de Guaduales –Nueva Esperanza, en el municipio de La Macarena, Meta– se identificaba como Luis Carlos Mojica. La Junta de Acción Comunal del lugar, sin más vigilancia que la de ellos mismos, expuso la tranquilidad de sus miembros con la publicación de un comunicado en el que contradicen al Ejército. De acuerdo con la junta, un grupo de militares llegó el 22 de este mes a la casa en que reside una pareja y sus hijos. A Yuli Andrea Motta, miembros del Ejército la amarraron a un árbol, la golpearon y obligaron a quitarse la ropa. Su compañero, Luis Carlos Guerrero, fue interrogado delante de los dos menores. Tres horas después, todavía cautivos, su vecino Luis Carlos Mojica (sobre quien aportan sus datos de identidad), se acercó, solo y desarmado a la vivienda, pero un uniformado le disparó al corazón mientras le gritaba “hijueputa” (ver). Otros militares que permanecían en la carretera impidieron que los demás campesinos se acercaran. Luego levantaron su cuerpo y se lo llevaron. Desaparecida la prueba (el cadáver), desaparecido el operativo: el Ejército argumenta que no estuvo en La Macarena sino en Calamar, Guaviare, a 500 kilómetros de distancia. Y afirma que se trataba de una operación contra el bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias y que el muerto era alias Rafael (ver). Pero flota una grave sospecha: ¿por qué los restos de Luis Mojica no han sido presentados por el Ejército, aunque sea “embolsados” y, así, le dan gusto al presidente? Un mes y 23 días, tres probables falsos positivos. La política de pistola al cinto parece rendir frutos antes de lo calculado.