No han sido muy afortunadas las declaraciones de Iván Duque en estos días. Por mucho que se le endilgue a inteligencia militar la responsabilidad del “oso” internacional que hizo Colombia en la ONU cuando el mandatario, con libraco en mano, denunció por enésima vez al gobierno venezolano de sus complicidades con el Eln, es en él, en el presidente de la República, en quien recae la vergüenza de presentar un documento con plagios fotográficos descubiertos mediante una sencilla comprobación periodística que, por cierto, no se le ocurrió hacer a ninguno de los funcionarios civiles o uniformados, directores, consejeros o ministros del Gobierno. Más desapercibidas, pero no menos graves por el irrespeto que implican a la institucionalidad, fueron las expresiones de Duque contra la condena que la Corte Suprema le impuso a Andrés Felipe Arias por encontrarlo culpable de haber cometido dos delitos contra la administración pública mientras ejercía como ministro y sucesor de Álvaro Uribe.
Después de embarrarla en la ONU, el presidente le dijo a la comunidad colombiana de Miami que “hay una sanción (a Arias) que no guarda proporción” porque, a su juicio, la condena impuesta es muy alta. Esta afirmación de Duque, que el senador Uribe y su grupo de poder han logrado convertir en muletilla que todos repiten sin haber leído la sentencia, sin conocer las pruebas o sin tener en cuenta que el monto de las condenas no se impone “comparando con otros casos” (como cree Duque), ni a capricho de los jueces, sino de acuerdo con lo que dicten los códigos penales previamente aprobados en el Congreso, lesiona, hondamente, uno de los pilares de la democracia: la independencia de la justicia. No es la primera vez que el mandatario se entromete en asuntos de competencia exclusiva de la Rama Judicial. Se le está volviendo costumbre “ordenar” a quién deben capturar, “condenar” a quien le parece “bandido”, insinuar conductas indebidas de la JEP, etc. Sobra decir que no es válida su aclaración inane de que opina como persona y no como presidente ¿A quién le cabe en la cabeza que el mandatario de un país puede separarse de sus funciones por momentos, para hacer lo que desee?
Volviendo a Arias, a quien pobretean por tener que pagar sus deudas de conducta como lo deben hacer los presos del mundo entero, la aureola de privilegios que lo rodea ha sido realmente excepcional. Lean ustedes este rápido listado y después confiesen si no quisieran tener tanta suerte:
Al preso Arias (¿sí está detenido o entra y sale de su “celda”?) le filtran la sentencia de la Corte; le dan tiempo de que se fugue al exterior; le tramitan asilo en Estados Unidos; diplomáticos de ese país que quita visas como si fuera un castigo penal universal, lo protegen, por años, en su territorio; emprenden campaña de acusaciones falsas contra los magistrados que firmaron su condena; le pagan abogados allá y acá; usan las cortes internacionales de derechos humanos de las que han denigrado por años, para su defensa; un abogado, que resulta ser de los de Uribe Vélez, manipula la información y pone a un comité de “detenciones arbitrarias” (¡¡¡!!!) a analizar su caso; entorpecen la extradición a Colombia; ya aquí, el Inpec, que se regodea exhibiendo a los deportados, lo oculta de la prensa y le asigna —contra la orden judicial— prisión de lujo en medio de jardines y protección militar (ver); lo visitan desde el expresidente de la República hasta el representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, para constatar que tenga todas las comodidades. El presidente Duque hace bien la tarea (esta vez, sí) de enviarle al exterior el mensaje de que Arias es un perseguido judicial. Y lo que faltaba: la Corte Constitucional revisará una tutela contra su condena, ignorando la última instancia penal de nuestro ordenamiento judicial: la Corte Suprema.
No vengan con cuentos: la doble instancia que se predica como derecho de todos los procesados en la justicia internacional es, aquí, una mera disculpa política para favorecer a Andrés Felipe Arias porque ningún otro preso de única instancia le ha importado al poder. Me pregunto cómo hará la Corte Constitucional para salir del berenjenal, precisamente constitucional, que acaba de armar. Con Arias constatamos de nuevo que, en Colombia, la igualdad es solo un enunciado, no un principio, porque, en verdad, unos pocos pertenecen a la casta y los demás somos del montón de los invisibles.
No han sido muy afortunadas las declaraciones de Iván Duque en estos días. Por mucho que se le endilgue a inteligencia militar la responsabilidad del “oso” internacional que hizo Colombia en la ONU cuando el mandatario, con libraco en mano, denunció por enésima vez al gobierno venezolano de sus complicidades con el Eln, es en él, en el presidente de la República, en quien recae la vergüenza de presentar un documento con plagios fotográficos descubiertos mediante una sencilla comprobación periodística que, por cierto, no se le ocurrió hacer a ninguno de los funcionarios civiles o uniformados, directores, consejeros o ministros del Gobierno. Más desapercibidas, pero no menos graves por el irrespeto que implican a la institucionalidad, fueron las expresiones de Duque contra la condena que la Corte Suprema le impuso a Andrés Felipe Arias por encontrarlo culpable de haber cometido dos delitos contra la administración pública mientras ejercía como ministro y sucesor de Álvaro Uribe.
Después de embarrarla en la ONU, el presidente le dijo a la comunidad colombiana de Miami que “hay una sanción (a Arias) que no guarda proporción” porque, a su juicio, la condena impuesta es muy alta. Esta afirmación de Duque, que el senador Uribe y su grupo de poder han logrado convertir en muletilla que todos repiten sin haber leído la sentencia, sin conocer las pruebas o sin tener en cuenta que el monto de las condenas no se impone “comparando con otros casos” (como cree Duque), ni a capricho de los jueces, sino de acuerdo con lo que dicten los códigos penales previamente aprobados en el Congreso, lesiona, hondamente, uno de los pilares de la democracia: la independencia de la justicia. No es la primera vez que el mandatario se entromete en asuntos de competencia exclusiva de la Rama Judicial. Se le está volviendo costumbre “ordenar” a quién deben capturar, “condenar” a quien le parece “bandido”, insinuar conductas indebidas de la JEP, etc. Sobra decir que no es válida su aclaración inane de que opina como persona y no como presidente ¿A quién le cabe en la cabeza que el mandatario de un país puede separarse de sus funciones por momentos, para hacer lo que desee?
Volviendo a Arias, a quien pobretean por tener que pagar sus deudas de conducta como lo deben hacer los presos del mundo entero, la aureola de privilegios que lo rodea ha sido realmente excepcional. Lean ustedes este rápido listado y después confiesen si no quisieran tener tanta suerte:
Al preso Arias (¿sí está detenido o entra y sale de su “celda”?) le filtran la sentencia de la Corte; le dan tiempo de que se fugue al exterior; le tramitan asilo en Estados Unidos; diplomáticos de ese país que quita visas como si fuera un castigo penal universal, lo protegen, por años, en su territorio; emprenden campaña de acusaciones falsas contra los magistrados que firmaron su condena; le pagan abogados allá y acá; usan las cortes internacionales de derechos humanos de las que han denigrado por años, para su defensa; un abogado, que resulta ser de los de Uribe Vélez, manipula la información y pone a un comité de “detenciones arbitrarias” (¡¡¡!!!) a analizar su caso; entorpecen la extradición a Colombia; ya aquí, el Inpec, que se regodea exhibiendo a los deportados, lo oculta de la prensa y le asigna —contra la orden judicial— prisión de lujo en medio de jardines y protección militar (ver); lo visitan desde el expresidente de la República hasta el representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, para constatar que tenga todas las comodidades. El presidente Duque hace bien la tarea (esta vez, sí) de enviarle al exterior el mensaje de que Arias es un perseguido judicial. Y lo que faltaba: la Corte Constitucional revisará una tutela contra su condena, ignorando la última instancia penal de nuestro ordenamiento judicial: la Corte Suprema.
No vengan con cuentos: la doble instancia que se predica como derecho de todos los procesados en la justicia internacional es, aquí, una mera disculpa política para favorecer a Andrés Felipe Arias porque ningún otro preso de única instancia le ha importado al poder. Me pregunto cómo hará la Corte Constitucional para salir del berenjenal, precisamente constitucional, que acaba de armar. Con Arias constatamos de nuevo que, en Colombia, la igualdad es solo un enunciado, no un principio, porque, en verdad, unos pocos pertenecen a la casta y los demás somos del montón de los invisibles.