¿Qué creen ustedes que sucedería conmigo si el fiscal Francisco Barbosa me denuncia, ante la Fiscalía, por el delito que se le ocurra inventar que cometí, por ejemplo, injuria? ¿Y, al contrario, qué le pasaría a Barbosa si yo le endilgara, por decir alguno, el ilícito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes? Las respuestas son fáciles: en el primer caso, un fiscal local cualquiera, pues soy ciudadana del común, me acusaría ante el juez de turno para darle gusto a su jefe, sin importar si soy responsable o no de violar la ley penal. En el segundo evento, el representante investigador de mi reclamo contra Barbosa lo engavetaría y moriría de olvido en el cajón de su escritorio, o el congresista simularía que revisó mi queja, practicó pruebas y concluyó que Barbosa es un ángel calumniado por mí.
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La situación que describo no es tan hipotética ni descabellada. De hecho, hoy enfrento un episodio casi idéntico al que acabo de imaginar: el antecesor de Barbosa en la Fiscalía —el imponderable Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN)— me denunció, precisamente por injuria, ante esa entidad en la que todavía tiene poderes inmensos. Según Martínez, merezco ser llamada delincuente porque opiné que dudaba de su conducta oficial. La fiscal local que me “investiga”, y cuya continuidad en el cargo dependió de Martínez Neira, me citó a la denominada diligencia de “arraigo”, antesala judicial de la audiencia en que me culpará de ser bandida. Según la Constitución y las leyes, tengo derecho a la defensa. Pero existe solo en el papel. En la vida real, estoy condenada desde el principio. Entre la ciudadana Orozco y el dios del Olimpo Martínez Neira, el triunfador es obvio.
Barbosa es más burdo que su maestro de ardides, NHMN. Furioso con el artículo central de la revista Cambio en que se revelaba que su esposa, Walfa Téllez, se llevó varias maletas cerradas y otros bienes de un almacén interno de la Fiscalía en donde se guardan evidencias judiciales, el fiscal general utilizó, abusivamente, la dependencia oficial de prensa de esa entidad para defender a su cónyuge, una ciudadana particular. En un trino vulgar y con un comunicado grosero, Barbosa ordenó a funcionarios del ente estatal, que puede pedir el encarcelamiento del 99,99 % de los colombianos, que hicieran una composición gráfica con la portada de Cambio en que se leía el título “Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal”, pero con un enorme sello sobreimpuesto, en color rojo, en que se leía la palabra “FALSO”. Entre tanto, el comunicado de prensa describía, peyorativamente, a Cambio como “portal”. Y terminaba victimizando a Barbosa, como suele hacerlo él cada vez que está en el ojo de los críticos, con la afirmación de que “cualquier interpretación ... de actuaciones oficiales (¿?) ... puede vulnerar los derechos del fiscal general, su esposa y su núcleo familiar que incluye una menor de edad”.
La sed de retaliación del fiscal no se calmó con su ataque a Cambio. Hora y media después ordenó la publicación de otro trino con su respectivo comunicado, ahora, contra Noticias Uno. La excusa era informar sobre un escrito de acusación contra un periodista exmiembro del consejo de redacción del medio que me honro en dirigir. Pero era solo eso: una disculpa para insultar al noticiero, al que también calificó de “portal” como si fuera la gran ofensa, vinculándolo, ladinamente, al delito de violencia intrafamiliar.
Pero se le fue la mano: la expresión hipócrita de ese escrito, según la cual “se hace un llamado para que el ejercicio del periodismo no se convierta en un escudo para evitar investigaciones...”, constituye una advertencia. Tanto “Noticias Uno” como “Cambio” se encuentran en la mira de Barbosa y hay antecedentes: en diciembre pasado, una de sus subalternas dio la orden de “inspeccionar” el archivo del informativo. En mayo de este año, una segunda “orden a la Policía Judicial” repetía el intento de acceder a la memoria de Noticias Uno. La dosis de “inspección” suscrita por un tercer fiscal afectó también a Cambio, en junio pasado. La Fiscalía, entonces, desmintió —mintiendo— sus intentos de conocer los secretos profesionales de los periodistas que le estorban. No obstante, los rencores del rector del ente investigador quedaron al descubierto: está claro que el “escudo (de Barbosa) para evitar investigaciones” es la Fiscalía General hasta cuando sus nominadores, los magistrados de la Corte Suprema, acepten la responsabilidad de haberlo elegido. Y tomen las decisiones que les corresponden.
