DE UN PLUMAZO, CON RABIA Y HASTA con displicencia, el Ministro de Defensa despachó un interrogante que Félix de Bedout le formuló, en ejercicio del periodismo fiscalizador que existe en las democracias, aun en precarias como ésta.
Félix le preguntó por el paseo de un hijo del Ministro con sus amigos a la finca de Santos. El asunto no tendría interés público, de no ser porque los adolescentes se transportaban en un helicóptero militar y eran asistidos por personal del Ejército. La respuesta del ejecutor del programa madre de este gobierno, vale decir la política de Seguridad Democrática, fue cortante: la revista Cromos, que reveló en su más reciente edición una serie de fotos de los chicos al lado y dentro del aparato, habría cometido el error de no incluir al Ministro en las gráficas. Como él tiene graves problemas de “seguridad”, sólo puede viajar por vía aérea, lo cual justificaría el traslado privilegiado de civiles a una casa de descanso.
Por su tono de voz, se diría que Santos se ofendió y que espera que le pidan perdón. Tras de cotudo con paperas, y disculpas de antemano antes de que me trague la tierra por la vulgar comparación. A ver: los ciudadanos que pagan impuestos para el sostenimiento del Estado; las empresas que se han metido la mano al bolsillo para financiar la guerra, y hasta el gobierno de Estados Unidos que buenos dólares ha aportado para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a recibir explicaciones válidas, o mínimo consideradas, ni más faltaba.
Al margen de la confesión involuntaria que se le zafó al Ministro sobre el riesgo de andar por las carreteras del país pese a la Seguridad Democrática; al margen del dinero que nos cuesta a los contribuyentes su fin de semana, el manejo que se les da a los bienes públicos —con mayor razón a los bienes militares que presuponen mayor control—, es un tema tan delicado que en muchas legislaciones se tipifica su abuso como conducta delictiva. El Ministro debería saber, sobre todo si aspira a ser Presidente, que en el Título XV del Código Penal, de delitos contra la administración pública, hay un artículo, el 398, que se llama “Peculado por uso”. Allí se lee: “El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado… cuya administración se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 16 meses a seis años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.
Curiosamente, minutos antes de que De Bedout le hiciera el molesto cuestionamiento a Santos, una corresponsal de la cadena radial informaba sobre el lío jurídico y político que enfrenta una directora (e) de la DEA por haber alquilado un avión privado para venir a Colombia. Y eso que no se trataba de un paseo, sino de una visita oficial. Aquí los parámetros no son tan estrictos, seamos realistas. Por eso, sería un milagro que el Fiscal indague, que el Procurador repare en esa materia o que se active el Congreso.
La laxitud social con que se examina el comportamiento de algunos personajes es práctica extendida y, para ser precisos, no cubre únicamente a Santos. Pero al menos al Ministro se le podría pedir, primero, responsabilidad como padre con su propio hijo y los amigos de éste, no sea que los esté poniendo en la mira por transportarlos en una nave militar. Y segundo, más respeto, aunque sea en apariencia, con los colombianos que nos sometemos, con juicio, a los marcos legales.
DE UN PLUMAZO, CON RABIA Y HASTA con displicencia, el Ministro de Defensa despachó un interrogante que Félix de Bedout le formuló, en ejercicio del periodismo fiscalizador que existe en las democracias, aun en precarias como ésta.
Félix le preguntó por el paseo de un hijo del Ministro con sus amigos a la finca de Santos. El asunto no tendría interés público, de no ser porque los adolescentes se transportaban en un helicóptero militar y eran asistidos por personal del Ejército. La respuesta del ejecutor del programa madre de este gobierno, vale decir la política de Seguridad Democrática, fue cortante: la revista Cromos, que reveló en su más reciente edición una serie de fotos de los chicos al lado y dentro del aparato, habría cometido el error de no incluir al Ministro en las gráficas. Como él tiene graves problemas de “seguridad”, sólo puede viajar por vía aérea, lo cual justificaría el traslado privilegiado de civiles a una casa de descanso.
Por su tono de voz, se diría que Santos se ofendió y que espera que le pidan perdón. Tras de cotudo con paperas, y disculpas de antemano antes de que me trague la tierra por la vulgar comparación. A ver: los ciudadanos que pagan impuestos para el sostenimiento del Estado; las empresas que se han metido la mano al bolsillo para financiar la guerra, y hasta el gobierno de Estados Unidos que buenos dólares ha aportado para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a recibir explicaciones válidas, o mínimo consideradas, ni más faltaba.
Al margen de la confesión involuntaria que se le zafó al Ministro sobre el riesgo de andar por las carreteras del país pese a la Seguridad Democrática; al margen del dinero que nos cuesta a los contribuyentes su fin de semana, el manejo que se les da a los bienes públicos —con mayor razón a los bienes militares que presuponen mayor control—, es un tema tan delicado que en muchas legislaciones se tipifica su abuso como conducta delictiva. El Ministro debería saber, sobre todo si aspira a ser Presidente, que en el Título XV del Código Penal, de delitos contra la administración pública, hay un artículo, el 398, que se llama “Peculado por uso”. Allí se lee: “El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado… cuya administración se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 16 meses a seis años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.
Curiosamente, minutos antes de que De Bedout le hiciera el molesto cuestionamiento a Santos, una corresponsal de la cadena radial informaba sobre el lío jurídico y político que enfrenta una directora (e) de la DEA por haber alquilado un avión privado para venir a Colombia. Y eso que no se trataba de un paseo, sino de una visita oficial. Aquí los parámetros no son tan estrictos, seamos realistas. Por eso, sería un milagro que el Fiscal indague, que el Procurador repare en esa materia o que se active el Congreso.
La laxitud social con que se examina el comportamiento de algunos personajes es práctica extendida y, para ser precisos, no cubre únicamente a Santos. Pero al menos al Ministro se le podría pedir, primero, responsabilidad como padre con su propio hijo y los amigos de éste, no sea que los esté poniendo en la mira por transportarlos en una nave militar. Y segundo, más respeto, aunque sea en apariencia, con los colombianos que nos sometemos, con juicio, a los marcos legales.