Cuando la sal se corrompe, la putrefacción moral llega a una altura impensable, por ejemplo, la de los jueces de la cúspide del Estado. Hace 16 años, la sal se pudría en unas oficinas de la Corte Suprema, mientras la sociedad colombiana, ajena al pacto criminal que se cocinaba, le rendía admiración a esa corporación por la lucha que, allí, daban otros de sus miembros –menos exhibicionistas que los corruptos que la dirigían– cuando buscaban las pruebas sobre el alcance de la “parapolítica”. Así se llamó el acuerdo entre delincuentes de cuello blanco (congresistas, gobernadores, alcaldes) y bandas de asesinos uniformados (paramilitares) para feriarse el poder público y los dineros oficiales. La historia es como sigue: en 2009, tal vez un poco antes, una comisión de magistrados auxiliares de la Suprema, conformada para investigar las transacciones delictivas entre los políticos y los matones del Clan Castaño, se dedicó a demostrar el alcance de la penetración paramilitar en las instituciones nacionales. Pero sus superiores de toga, unos supramagistrados de la Corte que dominaban, con su influencia clientelista, el curso de los procesos, aprovecharon esa circunstancia para llenarse los bolsillos. En lugar de apoyar a sus investigadores, se aliaron entre sí con el objeto de extorsionar a los imputados cobrándoles sumas millonarias a cambio de demorar los trámites o de obstruir sus sentencias. Cuando, años después, supimos que la sal corrompió la justicia, medios y periodistas calificamos ese escándalo con el nombre de “Cartel de la toga”.
Hace unos días, la Sala de Primera Instancia de la actual Corte Suprema anunció, al fin, la condena a 10 años de cárcel del dos veces presidente de su Sala Penal (2012 y 2013) y una vez presidente de ese alto tribunal (2015), José Leonidas Bustos, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio (pedir y recibir dinero por acto contrario a sus deberes) (ver). La sentencia contra Bustos, que aún tiene una instancia de revisión en la propia Sala Penal a la que él perteneció, llega tarde, más de una década después de que delinquiera en concertación con el expresidente de esa misma corte, el expoderoso Francisco Ricaurte y con otros de sus colegas, los exmagistrados Gustavo Malo y Camilo Tarquino, todos ellos condenados, antes de Bustos, a 16 años y cinco meses; nueve años y ocho meses (ver), y seis años en prisión (ver), respectivamente. Esos tres “personajes” purgan sus penas en reclusión. Sin embargo, y como lo haría cualquier bandido, Bustos se fugó hace varios años: salió de Colombia y es muy probable que nunca cumpla su cita con la justicia, aunque la Corte expidió orden internacional de captura. Ya veremos. No obstante que el sistema judicial alcanzó a estos corruptos y a unos cuantos abogados litigantes que constituían su brazo “armado” ante los políticos extorsionados –es decir, los corruptos del otro lado que estaban dispuestos a pagar por su espuria libertad– la espada judicial no ha apuntado aún hacia otros togados, fiscales y penalistas integrantes del “Cartel de la toga”, que permanecen impunes pero cuya huella existe todavía en los expedientes.
Recuerdo, como si fuera hoy, la conducta ignominiosa del arrogante José Leonidas Bustos, cuando obligó –constriñéndolo con abuso de la autoridad que ostentaba– al magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de la comisión que indagaba a los parapolíticos, a suspender las entrevistas a los paramilitares que estaban delatando a sus compinches del Ejecutivo y del Congreso; a abandonar las investigaciones y, finalmente, a renunciar a su cargo, debido a falsas acusaciones vertidas por el hoy convicto expresidente de la Suprema. La historia pone a cada quien en su lugar. Con la perspectiva del presente, se entiende que sacar a Velásquez, primero, de la comisión investigadora de la parapolítica y, más tarde, de la propia corporación, solo tenía un objetivo: impedir que este investigador “estrella” de la corrupción paraestatal encontrara evidencias condenatorias contra aquellos que les pagaban coimas a Bustos, Ricaurte y compañía. También recuerdo perfectamente las palabras de Luis Gustavo Moreno, el abogado condenado que pedía y recibía lo sobornos a nombre de sus jefes del “Cartel de la toga”, Bustos, Ricaurte, Malo, Tarquino y los etcéteras que aún no conocemos. Moreno fue grabado cuando le decía a uno de sus sobornados una frase lapidaria: “me metí en esta vaina [de corrupción] para hacer carrera. Pa’l día de mañana mirar [si me dan] un cargo como la Defensoría, como la Procuraduría” (ver minuto 8:30) Por vergonzosa e increíble que parezca, ¡cuánta realidad sigue teniendo esa afirmación en la carrera por los ascensos judiciales!
Entre paréntesis.- Al tiempo que el registrador nacional, Hernán Penagos, promociona su “transparencia electoral” en su alborotado debate con el presidente de la República, les niega información a los votantes, entre ellos, a esta columnista. A mi solicitud de que entregara –para publicarlas– las certificaciones oficiales sobre el número total de firmas aportadas por los candidatos presidenciales que se presentaron con el aval de “grupos significativos de ciudadanos”; el número de rúbricas encontradas válidas para cada uno de ellos; las cifras de autógrafos no válidos y los motivos de invalidez, su respuesta fue que “el resultado técnico interesa (única y) directamente al comité inscriptor, al candidato y a las autoridades electorales…”. Por tanto, se abstuvo de aportar los datos que le pedí, pese a que no existe reserva sobre ellos. Es claro, entonces, que no se trata de un acto legal sino de un extraño encubrimiento. Conclusión: en lugar de “transparencia”, Penagos oscurece el clima que precede las votaciones para consultas, citadas para el próximo 8 de marzo. Vuelvo a preguntarle: ¿a cuál candidato por firmas pretende favorecer? O, ¿cuál temor, intimidación o trama esconde su decisión?
