Contratitis en el Palacio de Nariño

El entramado era perfecto: María Paula Correa, la “presidenta” de Colombia en funciones —una señora importantísima en el actual periodo a la que, sin embargo, muy pocos conocían en este país antes de la posesión de un mandatario elegido pero sin la correa que se necesita para imponer autoridad e impartir órdenes—, era la jefa directa del individuo; el individuo se desempeñaba, como pomposamente se califica, en el cargo de “enlace” de la Casa de Nariño con el Congreso. Su rol consistía, en realidad, en ser correveidile: el “lagarto” de la Presidencia que busca que los senadores y representantes defiendan y voten los proyectos de ley de interés del Gobierno, lo cual ellos hacen con mucho gusto, sin necesidad de ningún impulso, si el Ejecutivo les devuelve el favor en dinero oficial representado en otros proyectos, contratos, puestos, etc. Con el ropaje del poder de la mandamás del palacete que el individuo usaba en sus visitas al Congreso y a otros despachos oficiales, en donde dejaba saber que trabajaba con la dueña de Duque, también se vestía su pareja, una mujer joven, atractiva y, sobre todo, lo que en Colombia se llama una viva, una asaltante de oportunidades.

Ella llegaba, después del individuo, a las oficinas públicas que él ya había recorrido y, dotada del arte del convencimiento veloz que poseen algunos, ofrecía servicios complementarios a los de su amor: ser el “enlace” de esas entidades con los parlamentarios. Significa que caminaría por los pasillos del Congreso recaudando votos para los asuntos que concernían a sus contratantes los cuales, por rara casualidad, no reparaban en su inexperiencia y le asignaban de manera directa e inmediata altas sumas mensuales, semestrales o anuales. Así, el individuo benefició los bolsillos de su compañera de tal manera que ella se hizo a un dinero que no hubiera obtenido legalmente en año y medio, si consideramos su baja trayectoria. Obtuvo alrededor de $65 millones mensuales prometiendo cumplir tareas exactas en al menos 24 despachos del Gobierno central y de algunos locales y regionales: una superdotada que podía estar, como dios, al tiempo en todas partes.

Así, la inquieta contratista recibió pagos, según los reportes de varios medios de comunicación, del Ministerio de Justicia (¿gracias a Margarita Cabello, hoy la procuradora general de la Nación que anda anunciando sanciones, o al adulador Wilson Ruiz?), el Ministerio de Cultura, el del Deporte, la Presidencia del Senado (¿Lidio García o Arturo Char?), la Agencia de Desarrollo Rural, la Aeronáutica Civil, el Icetex, la Superintendencia de Vigilancia, la ESAP, la Agencia Nacional de Tierras tan esquiva con los reclamantes despojados de sus predios en la guerra, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la Personería y hasta el Archivo General de la Nación presidido por Enrique Serrano, el funcionario que prefirió ser indigno que perder el puesto. Para acallar el escándalo, la señora de la correa solo contestó que no se había enterado de lo que acontecía en sus narices, ella que domina la nación en donde no se mueve una hoja sin su permiso. Y Víctor Muñoz, el otro ser alado que posa a un costado de Duque, manifestó que no tenía idea de la unión marital de la millonaria pareja. Casi como un chiste, Muñoz contó, no obstante, que el individuo de marras estuvo al lado de María Paula Correa hasta el 11 de enero recién pasado a pesar de que, en sus propia versión, “desde el 12 de noviembre (del 2021) la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia inició una investigación...”. Pregunta: si la Casa de Nariño estaba notificada del ilícito en que incurrieron el individuo y su pareja, ¿por qué le permitió al primero seguir siendo el asesor de Palacio dos meses más y solo lo expulsó cuando la noticia se filtró en los medios?

Entre paréntesis. En abril del 2018, apenas un mes antes de ser elegido, el candidato Iván Duque hizo una promesa que después repitió como mandatario: “Yo puedo mirar a los televidentes y decirles que, en el gobierno nuestro, ¡cero mermelada! Todo el presupuesto nacional debe tener las partidas para ser evaluadas y monitoreadas por la ciudadanía. Y que los congresistas quieran promover proyectos, que lo hagan a plena luz del día, en los debates del Congreso; que digan ‘estos son los proyectos que quiero para mi región’; que se puedan debatir, que sean proyectos viabilizados y no el triqui-trueque (sic) por debajo de la mesa entre los ministros y los congresistas cambiando votos por recursos o por contratos. El país necesita total transparencia” (ver). ¡Ayayay! Los hechos ¡cómo desnudan a los farsantes!