NO ES MERA CASUALIDAD QUE UN domingo en la noche, y horas antes de que llegara al país el relator de la ONU, Philipe Alston, la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) emitiera un comunicado para divulgar lo que el solapado Mario Aranguren había evitado contestar cuando le preguntaron sobre el espionaje ilegal de su entidad y del DAS a la Corte.
Decía que “(La UIAF ha realizado) reportes de operaciones sospechosas de algunas personas y sus posibles vínculos con otras implicadas en actividades ilícitas, donde podrían verse involucrados algunos magistrados”. No es mera casualidad que en menos de 12 horas hubiera reaccionado Édgar Ulises Torres, el investigado vicepresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, para “proponer una reunión extraordinaria” con el fin de saber “si hay necesidad de abrir una investigación (a los magistrados)…”. Tampoco es casualidad que el presidente de esa Comisión, José Gerardo Piamba, hubiera secundado de inmediato a su compañero de juegos y espectáculos.
¡Qué van a ser coincidencias! Lo que se pretende es desprestigiar ante Alston al tribunal que investiga simultáneamente la base del apoyo parlamentario del Ejecutivo, en la parapolítica; la ilegitimidad de la primera reelección presidencial, en la yidispolítica; y la posible ilegitimidad de la aprobación del referendo reeleccionista, en la indagación previa a 86 representantes, entre ellos Piamba y Torres. Se intenta, por esa vía, invalidar a los jueces. Como nuestro visitante ilustre no va a tener tiempo, le dejo unas pistas que le ayudarán a encontrar las diferencias entre la investigación de la Corte contra los 86 representantes y el caso contra la Corte en la Comisión de Acusación:
1.- El origen. En la Corte, el proceso se inicia por una denuncia penal instaurada legalmente por un miembro de la propia Cámara: Germán Navas Talero. En la Comisión de Acusación, nace de actividades subrepticias y sin orden judicial de la UIAF, dependencia subalterna del Presidente.
2.- Los investigadores. En la Corte, magistrados que llevan décadas siendo jueces sin que se expresen dudas sobre ellos. En la Comisión, políticos de la coalición de gobierno, entre éstos, Piamba y Torres, casualmente investigadores de Álvaro Uribe y en cuyo proceso no se mueve una hoja hace más de un año. Ellos son los que designarán a los juzgadores de los togados. Esta pareja ha sido denunciada por: ser beneficiaria de puestos gubernamentales clave; estafa, captación masiva y habitual de dinero, urbanización ilegal y falsedad en documento privado (Piamba, a través de su ex esposa, hijos y hermanos); presuntas relaciones con el narcotraficante Olmes Durán (Torres); clientelismo partidista y familiar combinado con presunta pérdida de recursos en Chocó (Torres). Supuestos nexos con grupos de la diestra y la siniestra: paramilitares y guerrilla del Eln (Torres).*
3.- Los investigados. En la Corte, magistrados con hoja de vida limpia hasta cuando dependencias de la Casa de Nariño los “investigaron”. En la Comisión, favor leer el punto 2, y añadir información judicial sobre otros miembros de esa célula.
4.- La conducta histórica. En la Corte, sometida a cinco años uribistas de esculcadas, hay supuestas sospechas contra un magistrado y todavía no se le ha demostrado culpabilidad. En la Comisión de Acusación, los currículos de sus miembros y familias se pasean por el Código Penal. Señor Alston: ya sabe por dónde debe empezar su reporte al mundo.
* Información publicada en prensa.
NO ES MERA CASUALIDAD QUE UN domingo en la noche, y horas antes de que llegara al país el relator de la ONU, Philipe Alston, la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) emitiera un comunicado para divulgar lo que el solapado Mario Aranguren había evitado contestar cuando le preguntaron sobre el espionaje ilegal de su entidad y del DAS a la Corte.
Decía que “(La UIAF ha realizado) reportes de operaciones sospechosas de algunas personas y sus posibles vínculos con otras implicadas en actividades ilícitas, donde podrían verse involucrados algunos magistrados”. No es mera casualidad que en menos de 12 horas hubiera reaccionado Édgar Ulises Torres, el investigado vicepresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, para “proponer una reunión extraordinaria” con el fin de saber “si hay necesidad de abrir una investigación (a los magistrados)…”. Tampoco es casualidad que el presidente de esa Comisión, José Gerardo Piamba, hubiera secundado de inmediato a su compañero de juegos y espectáculos.
¡Qué van a ser coincidencias! Lo que se pretende es desprestigiar ante Alston al tribunal que investiga simultáneamente la base del apoyo parlamentario del Ejecutivo, en la parapolítica; la ilegitimidad de la primera reelección presidencial, en la yidispolítica; y la posible ilegitimidad de la aprobación del referendo reeleccionista, en la indagación previa a 86 representantes, entre ellos Piamba y Torres. Se intenta, por esa vía, invalidar a los jueces. Como nuestro visitante ilustre no va a tener tiempo, le dejo unas pistas que le ayudarán a encontrar las diferencias entre la investigación de la Corte contra los 86 representantes y el caso contra la Corte en la Comisión de Acusación:
1.- El origen. En la Corte, el proceso se inicia por una denuncia penal instaurada legalmente por un miembro de la propia Cámara: Germán Navas Talero. En la Comisión de Acusación, nace de actividades subrepticias y sin orden judicial de la UIAF, dependencia subalterna del Presidente.
2.- Los investigadores. En la Corte, magistrados que llevan décadas siendo jueces sin que se expresen dudas sobre ellos. En la Comisión, políticos de la coalición de gobierno, entre éstos, Piamba y Torres, casualmente investigadores de Álvaro Uribe y en cuyo proceso no se mueve una hoja hace más de un año. Ellos son los que designarán a los juzgadores de los togados. Esta pareja ha sido denunciada por: ser beneficiaria de puestos gubernamentales clave; estafa, captación masiva y habitual de dinero, urbanización ilegal y falsedad en documento privado (Piamba, a través de su ex esposa, hijos y hermanos); presuntas relaciones con el narcotraficante Olmes Durán (Torres); clientelismo partidista y familiar combinado con presunta pérdida de recursos en Chocó (Torres). Supuestos nexos con grupos de la diestra y la siniestra: paramilitares y guerrilla del Eln (Torres).*
3.- Los investigados. En la Corte, magistrados con hoja de vida limpia hasta cuando dependencias de la Casa de Nariño los “investigaron”. En la Comisión, favor leer el punto 2, y añadir información judicial sobre otros miembros de esa célula.
4.- La conducta histórica. En la Corte, sometida a cinco años uribistas de esculcadas, hay supuestas sospechas contra un magistrado y todavía no se le ha demostrado culpabilidad. En la Comisión de Acusación, los currículos de sus miembros y familias se pasean por el Código Penal. Señor Alston: ya sabe por dónde debe empezar su reporte al mundo.
* Información publicada en prensa.