En justicia, en periodismo y en el campo de la ética profesional, un indicio alrededor de la conducta non sancta de un personaje público, motiva una indagación preliminar. Dos indicios incrementan el interés en el caso. Tres conducen a su posible modo de operar. El viernes pasado, el medio digital Cuestión Pública incluyó en su sitio web un artículo que debería haber levantado un escándalo generalizado puesto que el protagonista de la historia que reveló no solo es abogado conocido por sus polémicas actuaciones, sino que, además, ahora es candidato presidencial, uno de los tres aspirantes con mayor opción de ser el próximo jefe del Estado colombiano. No es poca cosa. Pero nadie recogió el relato: silencio atronador (al menos hasta cuando se escribe esta columna) “¿Ladrón que roba [a] ladrón?” es el título del informe periodístico, cuya frase destacada es clara: “Al parecer, Abelardo de la Espriella se ‘chupó’ la plata de otra clienta”. El resumen indica la esencia de su contenido: “No fue solo David Murcia Guzmán. Mónica Mazzilli Rossi (…) señaló [a De la Espriella] de haberle incumplido… tras pagarle $300 mil dólares en honorarios para representarla en un proceso penal”.
Mazzilli, colomboitaliana ex corredora de bolsa, fue descubierta en 2008 cuando desfalcó los ahorros pensionales de los trabajadores de Ecopetrol por un monto de COP $70 mil millones de pesos que estaban guardados en una fiducia del Banco de Bogotá. La Fiscalía abrió investigaciones contra Mazzilli, su esposo y un cómplice del banco, motivo por el cual ella contrató a De la Espriella. De acuerdo con la demanda disciplinaria que la experta en movimientos bursátiles interpuso años más tarde en la Sala Seccional del Consejo de la Judicatura y ante la propia Fiscalía, contra De la Espriella y su socio Carlos Sánchez, estos incumplieron las obligaciones de la defensa legal pactada con ella, y la engañaron para, en cambio, facilitar su captura y condena mientras le pedían dinero a manos llenas. Según se lee en los documentos exhibidos por Cuestión Pública, fuera de los $300 mil dólares que Mazzilli le dio [o $250 mil USD que figuran en el contrato], De la Espriella le dijo a su clienta que “no pasaría más de 20 días en la cárcel [porque] hablaría con su amigo Mario Iguarán [entonces fiscal general]…” pero que “tocaba darle COP $1.000 millones [a Iguarán]”. Un año después, en 2009, el abogado le habría solicitado la entrega de COP $250 millones de pesos más: COP $100 para pago de impuestos y los otros COP $150 millones “para entregar[les] a unos funcionarios [con el fin de] agilizar su salida de la cárcel y [para que] se fuera para su casa pronto, so pena de que todo se complicara” (ver).
Con la extraordinaria suerte que siempre rodea al abogado-político, la acción disciplinaria fue declarada prescrita, según sentenció el magistrado sustanciador. Tal conclusión, no obstante, no hace desaparecer el hecho: ahí está y la memoria colectiva lo conservará.
Como lo señala Cuestión Pública, el caso Mazzilli es idéntico al que acaba de narrar el creador de DMG, David Murcia Guzmán quien también contrató a De la Espriella en 2008, mismo año en que el abogado era el supuesto defensor de la excorredora de bolsa. En su condición de iniciador de la pirámide en que fueron defraudados los ahorros de miles de colombianos, Murcia se enfrentaba a la justicia. Entrevistado por Daniel Coronell, afirmó que De la Espriella no le devolvió $5.000 millones de pesos que le había dado de anticipo por su defensa aun cuando jamás la ejerció y, por el contrario, actuaba en su contra (ver). El fundador de DMG contó, además, que el abogado le solicitó otros COP $760 millones para “tocar congresistas” con el fin de que estos no aprobaran una ley que desfavorecía los intereses de Murcia. Varios audios grabados por la Fiscalía confirman la historia de Murcia. Este, quien todavía purga su condena, advirtió que entabló denuncia penal contra De la Espriella. Y seguimos en la ruta: en 2010, dos años después de los enredos con sus clientes Mazilli y Murcia, el “fenómeno electoral” de este 2026 también estuvo en boca de un narcotraficante de baja estofa: el Tuso Sierra declaró, en diligencia judicial ante la Corte Suprema, que “este hombre [De la Espriella] nos pidió $4.000 millones de pesos que (sic) porque ya tenía cuadrado eso en la Corte Constitucional”. Sierra se refería a un fallo que la corte tenía en estudio del cual podría resultar que se permitiera o no la calificación política de sedición para los crímenes cometidos por los paramilitares: “$4.000 millones que valía la ‘tocada’ de los magistrados” acentuó el narco (ver). Sierra es el reo que le contó a la justicia cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez complotó con los jefes paramilitares más sanguinarios del país, para calumniar y hacer caer a los miembros de otra corte, la Suprema, porque los consideraba sus enemigos. Por arte del azar y el olvido, provocado por el paso del tiempo y algo más que desconocemos, el “Tuso” se retractó, luego, de sus confesiones. Pero a estas alturas, todos sabemos que en el juego del poder no hay tontos. Los dichos de Mazzilli constituyen un indicio inquietante; con los de Murcia, se suman dos preocupantes; y con los de Sierra, serían tres señales que dan para una sospecha legítima.
