EL AGARRÓN POR EL BOTÍN DE LA CÁmara de Comercio de Bogotá no es, como se pretende, entre dos agrupaciones diferentes que se están matando por proteger los bienes de la ciudad.
Se trata de bandos de una sola liga: la de la coalición de gobierno. Así se explica que la Casa de Nariño haya hecho declaraciones de apoyo al uno y al otro, casi al tiempo. En una esquina se encuentra gente que se ha creído que posee el título de controladora legítima e irreemplazable del poder de la entidad; en la esquina contraria se ubican quienes aspiran a saber cómo es la repartición de las canonjías que se ordenan desde allí.
Es cierto que los ciudadanos de a pie adolecemos de ingenuidad. Pero molesta que los políticos de la Cámara o sus delegados piensen que somos tontos. ¿Intentan convencernos de que hay una batalla de ángeles guardianes que se enfrentan a peligrosos asaltantes, o al revés, que éstos son los buenos y los de la Presidencia los malos? Una pizca de santidad y una tonelada de malicia es la mezcla de personalidad que definiría con certeza a cualquiera de las facciones.
El fondo real de la disputa es fácil de hallar. Tampoco hay que quebrarse la cabeza. $1.300 millones al año (hay gente que dice que esa cifra es corta), el manejo de la más importante información empresarial y comercial de la ciudad y la función que cumple la Cámara como centro de arbitraje y conciliación de los grandes negocios, no son una bicoca. Ese triple capital alcanza para pagar viejas deudas de gratitud, o bien para distribuirlo entre organizaciones y personas naturales o jurídicas de Bogotá y de 59 municipios de Cundinamarca, pues su campo de acción no se limita a la metrópoli. Por contera, la Cámara tiene una vigilancia pública mínima porque se ha autoproclamado como “privada y sin ánimo de lucro”, a pesar de que recauda y administra dineros de los bogotanos.
El río corría por debajo del puente cuando el vicepresidente Francisco Santos le cantó la tabla a Cambio Radical, porque Oswaldo Acevedo, que preside la junta directiva de esa institución en su calidad de delegado del Jefe de Estado, le llevó quejas del “voraz apetito burocrático” de sus contendores. (Dicho sea de paso, Acevedo parece sufrir de similar voracidad: simultáneamente es el presidente de YanHaas, firma que hace encuestas cada tres meses para averiguar con métodos “científicos” el grado de popularidad de quien lo nombró). Santos y Acevedo defienden a la presidenta ejecutiva, María Fernanda Campo, ¿de quién? De Enrique Vargas Lleras. Pero Enrique representa también al Presidente, como Acevedo; como el ex secretario general de Uribe, Alberto Velásquez, y como Álvaro Rincón, el esposo de la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Éstos fungen de empresarios benefactores de Bogotá.
Tomaron partido por Enrique, José Blackburn, otro “empresario” cuyo interés es la “transparencia” de los nombramientos y adjudicaciones; y Germán Vargas, quien aunque advirtió que no quería hablar de “pequeñeces”, declaró que los “sectores mayoritarios del comercio vienen formulando cuestionamientos muy severos sobre los procesos licitatorios y asignación de contratos…”. ¡Eureka! Contratos, licitaciones y puestos, son las palabras del juego de todos ellos. Entonces que no nos echen chistes flojos.
EL AGARRÓN POR EL BOTÍN DE LA CÁmara de Comercio de Bogotá no es, como se pretende, entre dos agrupaciones diferentes que se están matando por proteger los bienes de la ciudad.
Se trata de bandos de una sola liga: la de la coalición de gobierno. Así se explica que la Casa de Nariño haya hecho declaraciones de apoyo al uno y al otro, casi al tiempo. En una esquina se encuentra gente que se ha creído que posee el título de controladora legítima e irreemplazable del poder de la entidad; en la esquina contraria se ubican quienes aspiran a saber cómo es la repartición de las canonjías que se ordenan desde allí.
Es cierto que los ciudadanos de a pie adolecemos de ingenuidad. Pero molesta que los políticos de la Cámara o sus delegados piensen que somos tontos. ¿Intentan convencernos de que hay una batalla de ángeles guardianes que se enfrentan a peligrosos asaltantes, o al revés, que éstos son los buenos y los de la Presidencia los malos? Una pizca de santidad y una tonelada de malicia es la mezcla de personalidad que definiría con certeza a cualquiera de las facciones.
El fondo real de la disputa es fácil de hallar. Tampoco hay que quebrarse la cabeza. $1.300 millones al año (hay gente que dice que esa cifra es corta), el manejo de la más importante información empresarial y comercial de la ciudad y la función que cumple la Cámara como centro de arbitraje y conciliación de los grandes negocios, no son una bicoca. Ese triple capital alcanza para pagar viejas deudas de gratitud, o bien para distribuirlo entre organizaciones y personas naturales o jurídicas de Bogotá y de 59 municipios de Cundinamarca, pues su campo de acción no se limita a la metrópoli. Por contera, la Cámara tiene una vigilancia pública mínima porque se ha autoproclamado como “privada y sin ánimo de lucro”, a pesar de que recauda y administra dineros de los bogotanos.
El río corría por debajo del puente cuando el vicepresidente Francisco Santos le cantó la tabla a Cambio Radical, porque Oswaldo Acevedo, que preside la junta directiva de esa institución en su calidad de delegado del Jefe de Estado, le llevó quejas del “voraz apetito burocrático” de sus contendores. (Dicho sea de paso, Acevedo parece sufrir de similar voracidad: simultáneamente es el presidente de YanHaas, firma que hace encuestas cada tres meses para averiguar con métodos “científicos” el grado de popularidad de quien lo nombró). Santos y Acevedo defienden a la presidenta ejecutiva, María Fernanda Campo, ¿de quién? De Enrique Vargas Lleras. Pero Enrique representa también al Presidente, como Acevedo; como el ex secretario general de Uribe, Alberto Velásquez, y como Álvaro Rincón, el esposo de la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Éstos fungen de empresarios benefactores de Bogotá.
Tomaron partido por Enrique, José Blackburn, otro “empresario” cuyo interés es la “transparencia” de los nombramientos y adjudicaciones; y Germán Vargas, quien aunque advirtió que no quería hablar de “pequeñeces”, declaró que los “sectores mayoritarios del comercio vienen formulando cuestionamientos muy severos sobre los procesos licitatorios y asignación de contratos…”. ¡Eureka! Contratos, licitaciones y puestos, son las palabras del juego de todos ellos. Entonces que no nos echen chistes flojos.