Hace unas semanas, los cinco candidatos a la Presidencia se comprometieron a respetar los derechos humanos de todos los colombianos. Lo hicieron estampando su firma en un acta preparada por la oficina del representante del alto comisionado de Naciones Unidas para nuestro país, Alberto Brunori. Este dijo que los aspirantes Duque, Petro, Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle se comprometieron, en ese documento, a “evitar el asesinato (o persecución) de líderes rurales y defensores de derechos (y a promover) su verdadera inclusión política, económica y social…” En resumen, el elegido empeñó su palabra, ante la ONU, en brindarles garantías y seguridad a los voceros comunitarios, combatir la impunidad con que se premia a los sicarios y a quienes los instigan, y en no desperdiciar las oportunidades que surgieron del Acuerdo de paz (ver enlace). Ayer, una de las organizaciones civiles más reconocidas del mundo, Amnistía Internacional le pidió al presidente electo Iván Duque “asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos y garantizar la protección de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado”. Las solicitudes de las dos entidades internacionales no son fortuitas: si bien Iván Duque no despierta, por sí mismo, miedo a la revancha vengativa que se activaría durante su gobierno contra los opositores, lo cierto es que el nombre de su mentor, Álvaro Uribe —y los de algunos de su círculo—, sí lo inspira.
Los uribistas pueden rechazar por presuntamente falsos los innumerables hechos judiciales sobre la cercanía del expresidente con sectores ilegales del extremismo derechista; pueden echar al olvido los escándalos de los montajes, interceptaciones delictivas y espionaje ejecutados por unos de sus funcionarios del DAS y de la Casa de Nariño contra la prensa, los togados de los tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema desde cuando se iniciaron las investigaciones sobre su primo Mario y su hermano Santiago por nexos con el paramilitarismo; pueden creer que las madres de Soacha y sus hijos asesinados por uniformados de sus gobiernos, son maniquís de estantería, no existen. Pero eso no ocurre en el marco internacional oficial (ONU) ni civil (ONG) en donde, con prudencia diplomática, dan por sentado lo que aquí se ignora.
El tono de la última fase de la campaña y el discurso conciliador del presidente electo dan un respiro y la esperanza de que Duque quiere darle vuelta a la página violenta que protagonizaron quienes conforman su partido, y de que su cara fresca no es solo una pantalla que oculta el rostro impresentable de las fuerzas que apoyan al exmandatario. Pero, como dice el sabio pueblo, obras son amores y no buenas razones. Y su primera prueba será la que enfrente cuando seleccione su gabinete ministerial. Las mujeres y hombres que lo acompañarán en el consejo palaciego darán pauta sobre sus intenciones como gobernante y pistas sobre el grado de autonomía con que adelantará su gestión: o escoge profesionales independientes y sin tacha ética, o permite que otro u otros le conformen su equipo.
Por el momento, la identidad de dos supuestos candidatos a ocupar el Ministerio de Defensa preocupan hondamente por ser lo que han sido: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. El primero, abusador del poder que se le dio como procurador y del cual hizo un instrumento de persecución contra sus opositores ideológicos de la forma más infame: aplicándoles sanciones judiciales con el objeto de eliminarlos de la escena política. De su decisión ilegal de destituir a Petro nace gran parte del fenómeno electoral de este. Deberían cobrárselo en lugar de premiarlo con el cargo del que depende la seguridad nacional. Lafaurie, presidente de los ganaderos, ultraderechista sin medida, arbitrario en sus decisiones gremiales y hasta en el manejo de los recursos colectivos, y tan identificado con los miembros más cuestionados de su actividad económica en Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio por mencionar solo unos, ¿en la jefatura de las Fuerzas Armadas de Colombia? Muchas cosas se podrían añadir sobre los antecedentes de Lafaurie, pero solo recordaré uno que lo inhabilita moral y legalmente: su oposición abierta al programa de restitución de tierras a sus propietarios originales y su protección a los grandes terratenientes que adquirieron predios rurales a precios irrisorios por la crisis de la guerra. De Lafaurie ministro en esa cartera, dependería la intervención a favor o en contra de los cuerpos militares y de policía que hoy cuidan el regreso de los campesinos a los predios (ver enlace 1 y ver enlace 2). No imagino lo que vivirían los campos colombianos con Ordóñez o Lafaurie al mando de los uniformados. ¡Dios tenga de su mano a Colombia!
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Hace unas semanas, los cinco candidatos a la Presidencia se comprometieron a respetar los derechos humanos de todos los colombianos. Lo hicieron estampando su firma en un acta preparada por la oficina del representante del alto comisionado de Naciones Unidas para nuestro país, Alberto Brunori. Este dijo que los aspirantes Duque, Petro, Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle se comprometieron, en ese documento, a “evitar el asesinato (o persecución) de líderes rurales y defensores de derechos (y a promover) su verdadera inclusión política, económica y social…” En resumen, el elegido empeñó su palabra, ante la ONU, en brindarles garantías y seguridad a los voceros comunitarios, combatir la impunidad con que se premia a los sicarios y a quienes los instigan, y en no desperdiciar las oportunidades que surgieron del Acuerdo de paz (ver enlace). Ayer, una de las organizaciones civiles más reconocidas del mundo, Amnistía Internacional le pidió al presidente electo Iván Duque “asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos y garantizar la protección de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado”. Las solicitudes de las dos entidades internacionales no son fortuitas: si bien Iván Duque no despierta, por sí mismo, miedo a la revancha vengativa que se activaría durante su gobierno contra los opositores, lo cierto es que el nombre de su mentor, Álvaro Uribe —y los de algunos de su círculo—, sí lo inspira.
Los uribistas pueden rechazar por presuntamente falsos los innumerables hechos judiciales sobre la cercanía del expresidente con sectores ilegales del extremismo derechista; pueden echar al olvido los escándalos de los montajes, interceptaciones delictivas y espionaje ejecutados por unos de sus funcionarios del DAS y de la Casa de Nariño contra la prensa, los togados de los tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema desde cuando se iniciaron las investigaciones sobre su primo Mario y su hermano Santiago por nexos con el paramilitarismo; pueden creer que las madres de Soacha y sus hijos asesinados por uniformados de sus gobiernos, son maniquís de estantería, no existen. Pero eso no ocurre en el marco internacional oficial (ONU) ni civil (ONG) en donde, con prudencia diplomática, dan por sentado lo que aquí se ignora.
El tono de la última fase de la campaña y el discurso conciliador del presidente electo dan un respiro y la esperanza de que Duque quiere darle vuelta a la página violenta que protagonizaron quienes conforman su partido, y de que su cara fresca no es solo una pantalla que oculta el rostro impresentable de las fuerzas que apoyan al exmandatario. Pero, como dice el sabio pueblo, obras son amores y no buenas razones. Y su primera prueba será la que enfrente cuando seleccione su gabinete ministerial. Las mujeres y hombres que lo acompañarán en el consejo palaciego darán pauta sobre sus intenciones como gobernante y pistas sobre el grado de autonomía con que adelantará su gestión: o escoge profesionales independientes y sin tacha ética, o permite que otro u otros le conformen su equipo.
Por el momento, la identidad de dos supuestos candidatos a ocupar el Ministerio de Defensa preocupan hondamente por ser lo que han sido: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. El primero, abusador del poder que se le dio como procurador y del cual hizo un instrumento de persecución contra sus opositores ideológicos de la forma más infame: aplicándoles sanciones judiciales con el objeto de eliminarlos de la escena política. De su decisión ilegal de destituir a Petro nace gran parte del fenómeno electoral de este. Deberían cobrárselo en lugar de premiarlo con el cargo del que depende la seguridad nacional. Lafaurie, presidente de los ganaderos, ultraderechista sin medida, arbitrario en sus decisiones gremiales y hasta en el manejo de los recursos colectivos, y tan identificado con los miembros más cuestionados de su actividad económica en Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio por mencionar solo unos, ¿en la jefatura de las Fuerzas Armadas de Colombia? Muchas cosas se podrían añadir sobre los antecedentes de Lafaurie, pero solo recordaré uno que lo inhabilita moral y legalmente: su oposición abierta al programa de restitución de tierras a sus propietarios originales y su protección a los grandes terratenientes que adquirieron predios rurales a precios irrisorios por la crisis de la guerra. De Lafaurie ministro en esa cartera, dependería la intervención a favor o en contra de los cuerpos militares y de policía que hoy cuidan el regreso de los campesinos a los predios (ver enlace 1 y ver enlace 2). No imagino lo que vivirían los campos colombianos con Ordóñez o Lafaurie al mando de los uniformados. ¡Dios tenga de su mano a Colombia!
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