Apenas empezamos a conocer detalles de la voracidad del gobierno uribista que acaba de terminar. Apenas estamos constatando la conducta enfermiza que asumieron respecto de los bienes públicos el propio presidente de la República, sus funcionarios más cercanos y los jefes que él había designado en las entidades públicas. No puede ser casualidad que todos se hayan concentrado, semanas antes del cambio de administración, en exprimir hasta el último billete, puesto, contrato y compromiso estatal que había disponible. Tal vez se expidieron, de manera verbal, directivas precisas con la indicación de entregarles los negocios oficiales y los cargos más influyentes a los aliados y amigos que, agradecidos, conformarán la red electoral del contragolpe, en 2026. Así que la mezquindad de Duque con su pataleta cuando trató de impedir el traslado de la espada de Bolívar a la tarima en que se posesionaba Petro era solo la pequeña muestra de lo que ya habían consumado él y sus subalternos.
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El 11 de agosto, escasos cuatro días después de ser el gobernante en propiedad y enterado de los nombramientos que, apresuradamente, estaban surtiéndose en 17 o 18 notarías, el presidente Petro tuvo que ordenar la suspensión de las posesiones. La designación de los notarios de primera categoría, únicos en Colombia que, afortunados ellos, gozan de puesto casi vitalicio, fue firmada por el propio Duque, y de los de segunda y tercera categoría, por los gobernadores, según el sitio geográfico de la vacante. Es claro que los seleccionados no eran los de mayores méritos ni los mejor calificados. Fueron elegidos a dedo: a notaría más rica y bien ubicada, padrino más poderoso; es decir, Duque y sus cómplices de los partidos políticos y las regiones. Según CM&, el expresidente nombró a ocho notarios en interinidad (mientras llega el funcionario en propiedad, lo que se puede demorar años) en julio, es decir, un mes antes de finalizar su mandato. Y en agosto, a días de desalojar el palacio de la carrera octava, seleccionó a otros cinco en interinidad y a cuatro más en encargo. Pero antes, en el mes de mayo y con el aval del entonces presidente, se crearon —se inventaron— cuatro notarías innecesarias, tres de ellas en el Bajo Cauca antioqueño y el Huila, y una en Madrid, Cundinamarca. Cuando la jefe de la Oficina de Planeación de la Superintendencia de Notariado, Íngrid Marcela Garavito, se negó a firmar el documento que les daría vida jurídica por temor a que se presentara, bajo su responsabilidad, un “posible daño antijurídico, riesgo «reputacional» e investigaciones penales y disciplinarias” debido a que no había justificación técnica para crear esos despachos notariales, se vio forzada a renunciar debido a la hostilidad y el acoso laboral de la superintendente Goethny Fernanda García. Esta, que cumplía, sin miramientos, las peticiones éticas o antiéticas del Gobierno que la puso en ese cargo pero que, ante todo, le podía conseguir otro jugoso puesto, renunció hace poco y dejó encargada a la jefe de la Oficina Jurídica, Shirley Paola Villarejo.
Pues bien, la abogada Villarejo demostró que era más papista que el papa: impulsó a sus subalternos para que llenaran, con rapidez, los trámites requeridos con el fin de que los notarios, cuyos nombramientos fueron firmados por Duque, pudieran posesionarse entre la primera y segunda semana de agosto, antes o inmediatamente después del 7, día de la sucesión en la Casa de Nariño. El resultado fue exitoso: varios de los nombrados en los despachos de mayor volumen de escrituras registradas y negocios realizados, por montos que pueden estar por encima de los $2.000 millones mensuales, se posesionaron a la carrera. Curiosamente, lograron sentarse en los sillones de sus antecesores después de que algunos de estos, que estaban cerca de la edad de retiro forzoso, renunciaron, con generosidad excesiva —alguien afirma que hubo acuerdos bajo la mesa—, a sus millonarias entradas con dos y tres meses de anticipación para que la administración Duque dejara a sus elegidos asegurados, pero sobre todo para no permitir que Petro tuviera esa misma oportunidad. Bueno, y a todas estas, ¿no dizque los notarios se seleccionarían por méritos y que quienes han hecho carrera tienen derechos adquiridos? Pregunté cómo era posible que hubiéramos vuelto al “dedazo” de Duque. Me contaron entonces y verifiqué después la existencia de una decisión del Consejo Superior de la Carrera Notarial: se trata del Acuerdo 01 del 13 de mayo del 2022, poco antes de que empezara el festín de cierre de los nombramientos notariales y del que muy pocos tuvieron noticia. Tal acuerdo “revoca” el denominado derecho de preferencia. En la práctica, los miembros del Consejo le devolvieron a Duque el poder de nominación de los notarios: las rutas aparentemente legales para darles curso a las ilegalidades y los abusos de poder. Y todavía preguntan por qué “los nadies y las nadies” ganaron las elecciones.