Casi nada la imputación que le anunció la Fiscalía Barbosa al precandidato presidencial Sergio Fajardo mediante una periodista radial y, luego, en un comunicado de prensa publicado en las redes, sin cumplimiento de los ritos judiciales: ¡peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales! Se trata de dos delitos típicos de los funcionarios corruptos que se ferian los dineros públicos para su beneficio y beneficio de sus amigotes. El primero tiene pena establecida en el Código Penal de hasta 23 años y el otro, de hasta 18. O sea, lo que le restaría de vida al precandidato si se le hallara responsable. Siendo uno suspicaz, y en este mundo y país hay que serlo, es como si Barbosa y su consejero nocturno Néstor Humberto Martínez, y también el maluco exgobernador de Antioquia Luis Pérez, y, más allá pero no lejos, Duque y Uribe, se hubieran puesto a buscar, con lupa, cuáles de los tipos penales embarrarían la imagen que Fajardo ha intentado construir sobre su ejercicio de la política para que los colombianos lo juzguen con el mismo rasero con que los miden a ellos, aunque la imputación, que parece pegada con babas, nunca prospere.
La novela judicial no podía ser mejor, en el propósito de la Fiscalía Barbosa de incidir, en época electoral, contra las posibilidades de Fajardo; y con este, contra las de un grupo de figuras de centro que no casa en el uribismo. El libreto es sencillo, en medio de su entramado: Adolfo León Palacio, un diputado mañoso de Antioquia que ha pasado de partido en partido, controvirtió en la Asamblea, en 2013, un crédito de 77 millones de dólares que firmó la administración Fajardo para sustituir deudas. En 2016, el exdiputado Palacio fue nombrado secretario de Hacienda de Luis Pérez, sucesor del hoy imputado en la conducción del departamento. Hay que recordar que Pérez es enemigo obsesivo de Fajardo. No es raro porque representan dos mundos que nunca se encontrarán. El secretario Palacio, aprovechando su cuarto de hora y el respaldo de Pérez, renovó sus objeciones al crédito a pesar de que fue propiciado por Findeter, o sea que fue negociado entre entidades estatales. Fue cuando Palacio le pidió a la Fiscalía de Martínez Neira, a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y a la Contraloría departamental en cabeza del sujeto Sergio Zuluaga, conocido como el “contralor de bolsillo” de Pérez (ver) —y quien enfrenta, entre la cárcel y la detención domiciliaria, varios procesos por cobrarles dineros a los municipios antioqueños a cambio de no reportar hallazgos en sus contratos—, que le abrieran investigaciones a Fajardo (ver). Todos lo hicieron, con muchísimo placer.
Sin embargo, no sé si por absurda o debido a que Ordóñez, Martínez, Zuluaga y Pérez tuvieron que enfrentar sus propios líos, la denuncia no avanzó sino ahora, vea qué coincidencia, cuando estamos a 12 meses de las elecciones legislativas y a 13 de las presidenciales. Los interesados, de hoy, en el proceso Fajardo, señores poderosos en 2013, 2016, 2017, y señores poderosos en el 2021, están en otras posiciones no menos interesadas en sacar del juego, con juego sucio, al precandidato de la denominada Coalición de la Esperanza. Hagamos el recorrido para tener en cuenta a quiénes les conviene borrar del mapa electoral a Fajardo: a Luis Pérez, hoy aspirante a la Presidencia que se mueve con una fundación Colombia Piensa en Grande (ver); a Uribe que actúa más desesperado que nunca por retener la Casa de Nariño para terminar de maniobrar, en la Rama Judicial, su propio proceso penal, y quien hará lo que necesite con tal de eliminar a cualquiera que no se limite a seguir sus instrucciones; a Duque, nominador de Barbosa: manipulará —como lo está haciendo ya— para que su sucesor evalúe con benevolencia su gobierno desastroso. Y a la actual Fiscalía que inicia tan descabellado caso, y que empieza a ganar sobrada fama como la policía política del régimen. Barbosa hará lo que sea y lo que le diga Martínez Neira, que parece que sigue siendo el fiscal general. Momento peligroso, no solo para Fajardo: para el país, con estos personajes que se están quitando la hoja de parra.
Casi nada la imputación que le anunció la Fiscalía Barbosa al precandidato presidencial Sergio Fajardo mediante una periodista radial y, luego, en un comunicado de prensa publicado en las redes, sin cumplimiento de los ritos judiciales: ¡peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales! Se trata de dos delitos típicos de los funcionarios corruptos que se ferian los dineros públicos para su beneficio y beneficio de sus amigotes. El primero tiene pena establecida en el Código Penal de hasta 23 años y el otro, de hasta 18. O sea, lo que le restaría de vida al precandidato si se le hallara responsable. Siendo uno suspicaz, y en este mundo y país hay que serlo, es como si Barbosa y su consejero nocturno Néstor Humberto Martínez, y también el maluco exgobernador de Antioquia Luis Pérez, y, más allá pero no lejos, Duque y Uribe, se hubieran puesto a buscar, con lupa, cuáles de los tipos penales embarrarían la imagen que Fajardo ha intentado construir sobre su ejercicio de la política para que los colombianos lo juzguen con el mismo rasero con que los miden a ellos, aunque la imputación, que parece pegada con babas, nunca prospere.
La novela judicial no podía ser mejor, en el propósito de la Fiscalía Barbosa de incidir, en época electoral, contra las posibilidades de Fajardo; y con este, contra las de un grupo de figuras de centro que no casa en el uribismo. El libreto es sencillo, en medio de su entramado: Adolfo León Palacio, un diputado mañoso de Antioquia que ha pasado de partido en partido, controvirtió en la Asamblea, en 2013, un crédito de 77 millones de dólares que firmó la administración Fajardo para sustituir deudas. En 2016, el exdiputado Palacio fue nombrado secretario de Hacienda de Luis Pérez, sucesor del hoy imputado en la conducción del departamento. Hay que recordar que Pérez es enemigo obsesivo de Fajardo. No es raro porque representan dos mundos que nunca se encontrarán. El secretario Palacio, aprovechando su cuarto de hora y el respaldo de Pérez, renovó sus objeciones al crédito a pesar de que fue propiciado por Findeter, o sea que fue negociado entre entidades estatales. Fue cuando Palacio le pidió a la Fiscalía de Martínez Neira, a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y a la Contraloría departamental en cabeza del sujeto Sergio Zuluaga, conocido como el “contralor de bolsillo” de Pérez (ver) —y quien enfrenta, entre la cárcel y la detención domiciliaria, varios procesos por cobrarles dineros a los municipios antioqueños a cambio de no reportar hallazgos en sus contratos—, que le abrieran investigaciones a Fajardo (ver). Todos lo hicieron, con muchísimo placer.
Sin embargo, no sé si por absurda o debido a que Ordóñez, Martínez, Zuluaga y Pérez tuvieron que enfrentar sus propios líos, la denuncia no avanzó sino ahora, vea qué coincidencia, cuando estamos a 12 meses de las elecciones legislativas y a 13 de las presidenciales. Los interesados, de hoy, en el proceso Fajardo, señores poderosos en 2013, 2016, 2017, y señores poderosos en el 2021, están en otras posiciones no menos interesadas en sacar del juego, con juego sucio, al precandidato de la denominada Coalición de la Esperanza. Hagamos el recorrido para tener en cuenta a quiénes les conviene borrar del mapa electoral a Fajardo: a Luis Pérez, hoy aspirante a la Presidencia que se mueve con una fundación Colombia Piensa en Grande (ver); a Uribe que actúa más desesperado que nunca por retener la Casa de Nariño para terminar de maniobrar, en la Rama Judicial, su propio proceso penal, y quien hará lo que necesite con tal de eliminar a cualquiera que no se limite a seguir sus instrucciones; a Duque, nominador de Barbosa: manipulará —como lo está haciendo ya— para que su sucesor evalúe con benevolencia su gobierno desastroso. Y a la actual Fiscalía que inicia tan descabellado caso, y que empieza a ganar sobrada fama como la policía política del régimen. Barbosa hará lo que sea y lo que le diga Martínez Neira, que parece que sigue siendo el fiscal general. Momento peligroso, no solo para Fajardo: para el país, con estos personajes que se están quitando la hoja de parra.